Cultura de Paz y Mediación de José Benito Pérez Sauceda

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1558. Valorando

Programa en You Tube de corte familiar para la difusión de los valores.

1557. Promueven la Educación para la Paz y la Resolución de Conflictos en el Estado de México

Del 3 al 7 de Julio, se realizó la primera certificación internacional en educación para la paz otorgada por Education for Peace en la Universidad Cuautitlál Izcalli. Además se firmó un convenio de colaboración entre dichas instituciones para promocionar la Paz.

1556. Falsas sospechas: Detenciones Arbitrarias en México por policías

Falsas sospechas: Detenciones Arbitrarias en México por policías demuestra la manera en que la policía de todo México detiene arbitrariamente de forma rutinaria a personas para extorsionarlas. Además, los agentes a menudo colocan pruebas falsas en un intento de demostrar que están haciendo algo para abordar la delincuencia, o de castigar a personas por su activismo de derechos humanos. El informe se basa en entrevistas confidenciales con agentes de policía y miembros del sistema de justicia.
“El sistema de justicia de México es totalmente inadecuado para su propósito y, por tanto, está fallando masivamente a la población”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La policía parece estar deteniendo a personas sin más motivo que fingir que está actuando para hacer frente a la delincuencia. En última instancia, con esto no se consigue nada, más que poner a todas las personas del país en peligro de sufrir violaciones de derechos humanos tales como tortura y otros malos tratos.”
Las detenciones arbitrarias pueden dar lugar fácilmente a otras violaciones de derechos humanos, como la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial.
En este informe Amnistía Internacional investigó la forma en la que ocurren los arrestos llevados a cabo por los cuerpos de policía en México, en específico, cuando las autoridades alegan que arrestaron a la persona en flagrancia; es decir, en el momento en el que se estaba cometiendo un delito.
La investigación de Amnistía Internacional encontró que en México los arrestos a las personas que supuestamente estaban cometiendo un delito al ser aprehendidas, no suelen funcionar como una respuesta auténtica para enfrentar los delitos cometidos en el país, sino que son utilizados por las autoridades de forma ilegal, principalmente contra aquellas personas que enfrentan situaciones históricas de discriminación, con una preocupante afectación a hombres jóvenes que viven en pobreza.
Amnistia.org.mx. 13/07/17

1555. Violaciones a derechos humanos en México: ¿Cómo presentar una queja ante la ONU?

1554. Termina con éxito IV Encuentro del Observatorio Internacional de Paz

Se realiza un Encuentro internacional por la paz
El Presidente Subrogante de la Legislatura a cargo de la Gobernación, Julio Silman, recibió a los organizadores del IV Encuentro del Observatorio Internacional de Paz, encabezados por la Arq. Mariela Martín Domenichelli, Presidente de la Fundación CERECO (Centro de Resolución de Conflictos).
El foro se lleva a cabo desde ayer en las instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, co organizadora del evento. Las delegaciones que participarán del mismo llegaron desde Perú, México y Ecuador; los representantes de Colombia, Brasil y Chile se harán presente a través de videoconferencias.
El observatorio plantea tres ejes principales de trabajo: Métodos Alternativos de Solución de Conflictos –Cultura de Paz-; Derechos Humanos y Seguridad Humana; y No violencia activa -Método triple de cambio-.
Silman aseguró que todos los foristas coincidieron en que el que gran problema de la paz es la violencia y que es importante el rol del mediador para bajar los índices de violencia. “Ojalá que las conclusiones del foro lleguen a cada ciudadano para que se reduzcan estos índices”, indicó.
Por otro lado, Domenichelli afirmó que esta iniciativa surgió porque “la paz no vende” y que el objetivo es visibilizar hechos de paz y que la gente se acostumbre a ver cosas positivas: “Los delegados que vienen de los otros países vienen con propuestas, proyectos y acciones positivas. Tenemos proyectos desarrollados a largo plazo pero para que se puedan desarrollar de manera activa en la sociedad”.
Tucumannoticias.com.ar. Tucumán, Argentina, 28/06/17

Comienza mañana un encuentro sobre la paz
Entre mañana y el miércoles se llevará a cabo el IV Encuentro Internacional del Observatorio Internacional de Paz, de 16 a 20.30, en el Hotel Catalinas Park. El observatorio fue creado por la Fundación Centro de Resolución de Conflictos (Cereco).
El Programa Observatorio de Paz nació en Tucumán en el año 2011 por iniciativa de la arquitecta Mariela Martín Domenichelli, que debido a su formación como mediadora llevó a cabo diferentes acciones a favor de la mediación ampliando la visión desde una mirada integradora y multidisciplinaria El Observatorio plantea tres ejes de trabajo: métodos alternativos de solución de conflictos (cultura de paz), derechos humanos y seguridad humana y no violencia activa.
Domenichelli expresó -en un comunicado- que el encuentro forma parte de un programa iniciado en Tucumán en 2011, a partir del cual se busca la solución pacífica de los conflictos. “Queremos replicar acciones positivas. Que la sociedad vea que hay ejemplos en todo el mundo para evitar conflictos por medios pacíficos y a través del diálogo”, destacó.
Agregó que durante el encuentro, entre otros temas, se abordará la violencia, la problemática de género y los derechos del niño.
El evento está abierto al público en general, a representantes de organizaciones civiles y a referentes barriales.
LaGaceta.com.ar. Tucumán, Argentina, 26/06/17

1553. Gobierno Espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México

Gobierno Espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, junto con ARTICLE 19, oficina para México y Centroamérica, y SocialTIC, hemos documentado 76 nuevos intentos de infección con el malware Pegasus en contra de periodistas y defensores humanos en México. Estos ataques, ocurridos entre enero de 2015 y julio de 2016, se suman a los 12 intentos registrados en contra de científicos y activistas de la Alianza por la Salud Alimentaria en 2016.
En cada caso, una o más personas recibieron mensajes con enlaces infecciosos vinculados a la infraestructura de Pegasus.
Pegasus es un sofisticado malware de vigilancia que solamente puede ser comercializado a gobiernos. En los últimos años, se ha reunido evidencia de que al menos tres instancias del gobierno federal lo han adquirido: la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional; esta última, sin facultades legales para ejercer acciones de vigilancia.
Cuando una persona es atacada con Pegasus, recibe un mensaje SMS en su teléfono, el cual contiene un texto que busca persuadirlo de hacer clic en un enlace infeccioso, haciéndose pasar por una noticia, un aviso o el mensaje de un familiar o amigo. Si la persona hace clic en el enlace, su teléfono recibe inadvertidamente un software malicioso que permite al atacante, entre otras cosas, tener acceso a todos los archivos guardados en el dispositivo, así como controlar la cámara y el micrófono del celular.
A través de este informe hemos registrado que todos los objetivos fueron atacados usando una infraestructura común, además de existir coincidencias entre los mensajes recibidos por diferentes personas. Resulta preocupante que el uso reiterado de estos ataques en contra de periodistas y defensores de derechos humanos se dio durante coyunturas críticas de su labor; todas, con un actor en común: el gobierno federal.
Por ejemplo, personal del Centro Prodh recibió intentos de infección durante coyunturas como el décimo aniversarios de la represión en Atenco, la discusión de la Ley General contra la Tortura o la presentación del informe final del caso Ayotzinapa por parte del GIEI. En el caso de Aristegui Noticias, los mensajes recibidos ocurrieron durante sucesos como la exoneración del presidente Peña Nieto por el conflicto de interés de la casa blanca o la publicación de reportajes relacionados con la figura presidencial.
Otro de los objetivos, Carlos Loret de Mola, recibió intentos de infección cuando escribía sobre las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán. Por su parte, personal del Instituto Mexicano para la Competitividad fue objetivo de ataques con el malware Pegasus durante la discusión de la ley 3 de 3, en tanto que dos periodistas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibieron mensajes tras la publicación del reportaje sobre la red de empresas fantasma del gobierno de Javier Duarte, en el cual colaboró la organización.
A la luz de las normas de derechos humanos y el marco jurídico que regula la vigilancia gubernamental en México, los casos de espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción son absolutamente insostenibles jurídicamente. Por el contrario, los hallazgos de este reporte apuntan a la comisión de graves delitos y violaciones a derechos humanos. Debe, por tanto, llevarse a cabo una investigación exhaustiva, seria, imparcial y transparente sobre los hechos denunciados y castigarse a todos los responsables intelectuales y materiales.
El documento puede descargarse y está disponible bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0).
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Ciudad de México, 19/06/17



‘Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y periodistas en México
Destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que, en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.
Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente.
Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí. 
El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.
La empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo.
Sin embargo, según decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.
“Somos los nuevos enemigos del Estado”, señaló Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción apodada Ley 3de3. Su iPhone y el de su esposa fueron blanco en varias ocasiones del programa espía, según un análisis forense independiente. “La nuestra es una sociedad en la que la democracia se ha deteriorado”, afirmó Pardinas.
Los ciberataques sofisticados en contra de ciudadanos son indicativos de las luchas internas que se libran en México y despiertan cuestionamientos legales y éticos sobre un gobierno que enfrenta fuertes críticas por sus antecedentes en temas de derechos humanos.
Según la ley mexicana, un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y solo cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar esa solicitud. Es muy poco probable que el gobierno haya recibido esa aprobación judicial para hackear los teléfonos de los activistas y periodistas, comentaron varios exfuncionarios de los servicios mexicanos de inteligencia.
“Las agencias mexicanas de seguridad no le pedirían una orden a la corte porque saben que no la obtendrían”, dijo Eduardo Guerrero, un exmiembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, una de las agencias gubernamentales que utilizan el programa espía Pegasus. “¿Cómo sería posible que un juez autorizara vigilar a alguien que se dedica a la protección de los derechos humanos?”.
“Por supuesto que no se puede justificar esa intervención”, agregó Guerrero. “Pero eso es irrelevante. En México nadie pide permiso para hacerlo”.
Los intentos para realizar hackeos fueron muy personalizados: llegaron a los objetivos por medio de mensajes diseñados para inspirar pánico y conseguir un acceso rápido a los teléfonos celulares. En el caso de Carmen Aristegui, una de las periodistas más famosas de México, un operador se hizo pasar por la embajada de Estados Unidos en México y le imploró darle clic en un enlace para resolver un supuesto problema con su visa. La esposa de Pardinas, el activista anticorrupción, recibió un mensaje en el que le ofrecían pruebas de que su marido tenía un amorío.
El gobierno mexicano reconoce haber recabado información de sospechosos legítimos de un modo apegado a derecho. “Como en cualquier régimen democrático, a fin de combatir al crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, el gobierno mexicano realiza actividades de inteligencia”, señaló un funcionario. No obstante, el gobierno “rechaza categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial”.
Ya se sospechaba del uso de programas espías por parte del gobierno mexicano, incluidos los intentos de hackeo a opositores políticos y activistas cuyo trabajo ha afectado intereses corporativos en México.
Sin embargo, no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable. El software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. Incluso el fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos de hackeo.
Pero los ciberexpertos pueden verificar en qué momento se ha utilizado el software en el teléfono de un objetivo, lo cual les deja pocas dudas de que el gobierno mexicano o algún grupo corrupto interno están involucrados.
“Básicamente, es lo mejor que hay”, dijo sobre el análisis Bill Marczak, el investigador sénior en Citizen Lab que confirmó que los teléfonos de activistas y periodistas mexicanos tenían rastros del software.
Además, NSO Group asegura que es muy poco probable que los cibercriminales hayan obtenido acceso a Pegasus de algún modo, porque el programa solo puede ser utilizado por las agencias gubernamentales en las que se ha instalado la tecnología.
NSO Group afirma que investiga el historial de los gobiernos en temas de derechos humanos antes de venderles el software. No obstante, una vez que otorgan la licencia e instalan el hardware dentro de las agencias de inteligencia y los cuerpos de seguridad, la empresa dice que no hay manera de saber cómo se utilizan las herramientas espías o contra quién están siendo usadas.
La compañía simplemente le cobra a sus clientes gubernamentales según el número total de objetivos a vigilar. Para espiar a diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650.000 dólares, además de la cuota de instalación de 500.000 dólares, según las propuestas de comercialización de NSO Group que revisó The New York Times.
Aunque NSO Group supiera que se está haciendo un mal uso de su software, la empresa dice que no podría hacer mucho al respecto: no puede entrar en las agencias de inteligencia, quitar el software y llevarse el hardware. Más bien, NSO Group confía en que sus clientes cooperarán con una inspección interna que realizaría la empresa, la cual entregaría los resultados a la autoridad legal competente… por lo que los gobiernos terminan siendo los responsables de vigilarse a ellos mismos.
Normalmente, el único recurso de la empresa es ir reduciendo poco a poco el acceso del gobierno a las herramientas en el transcurso de varios meses, o incluso años, al dejar de proporcionar nuevos parches o actualizaciones del software.
Sin embargo, en el caso de México, NSO Group no ha condenado ni ha reconocido que haya abuso de su software, a pesar de que se han presentado evidencias en repetidas ocasiones que demuestran que sus herramientas se han utilizado en contra de ciudadanos comunes y sus familias.
El paso de la esperanza a la intimidación
Desde hace mucho tiempo, los periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción en México han enfrentado peligros enormes. Durante décadas los han seguido, acosado, amenazado e, incluso, asesinado por realizar su trabajo; riesgos laborales más comunes en Estados autoritarios que en los que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, como es el caso de México.
El presidente Enrique Peña Nieto comenzó su mandato en 2012 con la promesa de dejar atrás la historia atribulada del país y poner a México en el lugar que se merece dentro del escenario mundial por medio de reformas a la educación, a las telecomunicaciones o al sector energético.
No obstante, para 2014 se habían desvanecido gran parte de esas promesas tempranas por escándalos y crisis, entre ellos la desaparición de 43 estudiantes normalistas después de un enfrentamiento con la policía y las acusaciones de que el mandatario y su esposa adquirieron una casa lujosa de un constructor que después recibió varios contratos públicos.
Son escándalos que han derrumbado la imagen perfectamente cuidada que Peña Nieto tuvo como candidato –un político enérgico dispuesto a trabajar en conjunto con otros partidos para modernizar y mover a México– y lo han pintado como un funcionario corrupto que desconoce la realidad que viven los mexicanos. Ese cambio es el resultado, en buena medida, del trabajo de los periodistas mexicanos que develaron los casos y de los activistas y defensores que no han permitido que sean olvidados.
“Este era un gobierno que pasó de establecer la agenda a ser reactivo”, dijo Carlos Loret de Mola, un popular conductor de televisión que recibió ocho mensajes de texto que contenían código para infectar su teléfono con el programa Pegasus. “Entonces vieron a los periodistas y pensaron: ‘Estos están sacando estas cosas y nos hacen quedar mal, mejor los espiamos'”.
México todavía está muy lejos de ser como Turquía, la nación que encarcela a más periodistas en todo el mundo. No es como China, un Estado autoritario en donde se silencian las críticas y el gobierno considera que la prensa libre es un peligro político. Pero, de igual manera, México vive una crisis con respecto a esos temas.
El año pasado, fueron asesinados más periodistas que durante cualquier otro año de este siglo; el 2017 ya va encaminado a romper ese récord.
“El hecho de que el gobierno esté usando vigilancia de alta tecnología en contra de defensores de derechos humanos y periodistas que exponen la corrupción, en lugar de contra los responsables de estos abusos, dice mucho de para quién trabaja el gobierno”, dijo Luis Fernando García, director de R3D, un grupo de derechos digitales en México que ha ayudado a identificar varios casos de abuso del programa Pegasus. “Definitivamente no es a favor del pueblo”.
Un caso cercano al presidente
Quizá ningún otro periodista en México ha dañado más la reputación del presidente Peña Nieto que Carmen Aristegui. Y pocos han pagado tan caro por haberlo hecho.
Ella y su equipo sacaron a la luz en 2014 el escándalo de la “Casa blanca”, una historia de intrigas de bienes raíces que involucraba un arreglo especial para la primera dama por parte de un contratista del gobierno que tiene una relación de vieja data con el mandatario.
La historia alcanzó una audiencia mundial y obligó a la esposa del presidente a entregar la casa, lo cual representó una especie de dilema ético para el gobierno mexicano; en otro país quizá habría resultado en el nombramiento de un fiscal independiente o en una pesquisa legislativa. Al final el presidente fue exculpado por la Secretaría de la Función Pública, mientras que Aristegui perdió su trabajo. Su despido marcó el inicio de una campaña prolongada de acoso y difamación en su contra: demandas, allanamientos de sus oficinas, amenazas a su seguridad personal y el monitoreo de todos sus movimientos.
“Se trata de un acto de venganza por el reportaje”, dijo Aristegui en una entrevista reciente. “No se puede ver de otra manera”.
Así que le pareció sospechoso cuando en 2015 empezó a recibir mensajes de texto de números desconocidos, en los cuales le urgían a que diera clic a un enlace. Uno contenía un llamado de ayuda para encontrar a un menor desaparecido; otro tenía una alerta por supuestos cargos desconocidos a su tarjeta de crédito, y otro tenía la presunta nota de la embajada estadounidense sobre su visa.
Cuando estos mensajes no fueron suficiente para que le diera clic al hipervínculo y descargara el software de manera inadvertida, los siguientes fueron más estridentes; incluso recibió uno que decía que la iban a arrestar. Varios de los mensajes llegaron del mismo número telefónico, dando muestra de los descuidos del operador.
Y siguieron intentándolo. En marzo, los mensajes de texto también comenzaron a llegar al teléfono del hijo de 16 años de Aristegui, Emilio. “La única razón por la que irían tras mi hijo es para intentar encontrar algo en contra de mí, para causarme daño”, dijo Aristegui.
Después de su despido, por supuestos desacuerdos dentro de la radiodifusora MVS Noticias, mantuvo su carrera publicando noticias en su sitio web. Pero la situación le ha cobrado factura, en especial las demandas. En una querella presentada por el presidente de MVS, un juez dijo que Aristegui “excedió su libertad de expresión y de información” por la publicación de un libro de su equipo de reporteros sobre el caso de la Casa Blanca.
En varias ocasiones han hackeado su sitio web y en noviembre irrumpieron en sus oficinas. Los agresores fueron tan descarados que ni siquiera se molestaron en usar máscaras y no han sido detenidos. Ella ha decidido canalizar las amenazas, el acoso e incluso el espionaje en su trabajo.
“He optado por creer que mi trabajo público es lo que me protegerá”, dijo Aristegui. “El gran reto para los periodistas y los ciudadanos es que el miedo nos sirva y no nos conquiste”.
Amenazas vía mensajes de texto
Era el 21 de diciembre de 2015 y Pardinas estaba en la playa con su familia, pero su teléfono no dejaba de sonar: al principio eran llamadas de abogados con los que coordinaba la redacción de una propuesta legislativa… y después un extraño mensaje de texto.
Habían pasado largos meses de una campaña para que se aprobara una ley sin precedentes que obligaría a los servidores públicos de México a divulgar sus declaraciones patrimoniales por posibles conflictos de intereses financieros.
En noviembre, Pardinas también había presentado un estudio sobre los costos políticos y económicos de la corrupción en México, que confirmaba con hechos y cifras lo que casi todos los mexicanos saben: que la corrupción está incapacitando al país. Después le dio seguimiento con entrevistas en medios en los que llegó a burlarse de que el gobierno gastaba más en comprar café que en el presupuesto de la oficina para combatir la corrupción.
El estudio, las entrevistas y un sinnúmero de reuniones con políticos abrieron el camino para la llamada Ley 3de3, que Pardinas —director general del Instituto Mexicano para la Competitividad— ayudó a redactar.
Entonces, en sus vacaciones navideñas, recibió el mensaje: “En la madrugada falleció mi padre, estamos devastados, te envío los datos del velatorio, espero puedas venir”. Venía con un enlace adjunto. Pardinas pensó que era raro que quien le envió un mensaje tan personal no estuviera entre los contactos de su teléfono. Se lo mostró a su esposa y decidió hacer caso omiso.
Hacia mayo de 2016, el proyecto de 3de3 había conseguido más de 630.000 firmas ciudadanas a favor, con lo que el congreso tuvo que discutirla. Y entonces llegó otro mensaje. Este parecía venir del medio informativo Uno TV, el cual envía boletines diarios a los usuarios de teléfono celular de todo el país. Pero lo que le llamó la atención fue el titular: “La historia de corrupción dentro del Instituto Mexicano para la Competitividad”. Se alarmó porque era su organización, pero decidió no darle clic porque sospechó que era un acto delictivo. Al día siguiente le llegaron más mensajes.
Lo que sucedió fue que, después de no tener éxito con él, los responsables lo intentaron con su esposa. El mensaje, que también parecía ser de Uno TV, decía que se habían filtrado videos que mostraban a Pardinas mientras tenía relaciones sexuales con una colega. Pardinas llamó a su esposa y le explicó que era un intento de acoso. “Esta gente otra vez”, respondió ella.
Al final la propuesta de ley fue aprobada, relativamente intacta, por el congreso mexicano, excepto que el senado agregó una provisión para que no solo los funcionarios sino ciudadanos que trabajaran en empresas con contratos públicos –en total se verían afectados alrededor de 30 millones de mexicanos– tuvieran que divulgar sus declaraciones patrimoniales. El presidente Peña Nieto vetó la 3de3 con el argumento de que necesitaba ser discutida con mayor profundidad.
Pardinas siguió con sus denuncias en las entrevistas, donde nombraba a los legisladores que obstruían la ley y las empresas bien conectadas que se beneficiaban con el dinero del gobierno. La iniciativa estaba atorada, pero aun así llegó otro mensaje el 1 de agosto. Este tenía una amenaza: “Oiga afuera de tu casa anda una camioneta con dos vatos armados, let tome fotos vealos y cuídese (sic)”.
Pardinas, quien estaba en su oficina cuando llegó el mensaje, se negó a caer una vez más. Pero llamó a su esposa para pedirle que se asomara por la ventana para ver si afuera había una camioneta estacionada. No había nada.
“Al final, mi esposa ya tenía un entrenamiento casi olímpico en este asunto del hackeo”, bromeó Pardinas.
Gajes del oficio
A fines de abril de 2016, Mario Patrón estaba inquieto. La mesa de la conferencia estaba llena de compañeros defensores de derechos humanos, entre ellos el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Todos fueron a discutir la bomba que estaba por caer el día siguiente: un pánel internacional que fue a México para investigar la desaparición de los 43 estudiantes normalistas divulgaría su informe final. Patrón sabía que los hallazgos iban a ser brutales para las autoridades.
Se acusaría al gobierno de negligencia e incompetencia, incluso de actividades ilícitas en el manejo del caso. Como el resto de las personas en el lugar, Patrón, cuya organización representa a los padres de los estudiantes desaparecidos, se preguntaba cómo respondería el gobierno.
Sonó su teléfono y vio la pantalla. La noticia que había estado esperando: “EL GOBIERNO DE MÉXICO SALE AL FRENTE DEL GIEI”, decía el texto, con el acrónimo del grupo interdisciplinario que publicaría el informe. Parecía ser la noticia que estaba esperando.
Le mostró el mensaje a su colega y dio clic al enlace. Pero en vez de un artículo o un comunicado de prensa, el vínculo simplemente lo redirigió a una página en blanco. Confundido, dejó la reunión y se fue de prisa a su oficina para hacer llamadas e informarse de lo que estaba planeando el gobierno. Y eso bastó para que cayera en la trampa.
Patrón es el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, o Centro Prodh, posiblemente el grupo de defensa de derechos humanos más respetado en todo México. Está involucrado en varios de los casos más graves de abusos a los derechos humanos del país y ha sido un gran crítico del gobierno.
Además de Patrón, otros dos abogados del grupo fueron atacados con el software: Santiago Aguirre, el abogado principal de las familias de los estudiantes desaparecidos, y Stephanie Brewer, una abogada estadounidense que ha trabajado con el grupo desde 2007.
“Siempre hemos sospechado que nos espían y nos escuchan”, dijo Patrón, quien se percató de que la situación había empeorado considerablemente desde que desaparecieron los normalistas. “Pero tener evidencia de que somos víctimas de verdadera vigilancia confirma que nos están amenazando y que el gobierno está dispuesto a utilizar medidas ilegales para intentar detenernos”.
Además de los estudiantes desaparecidos, el Centro Prodh representa a una de las sobrevivientes de un ataque militar en el municipio de Tlatlaya en 2014, donde el ejército arrasó con un supuesto escondite de un cartel y asesinó a 22 personas; el Centro Prodh ha encontrado evidencias de que los sucesos de aquella noche no se desarrollaron como una balacera, como argumenta el Ejército, sino que fueron ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados.
Entre los clientes de la organización también se encuentran las mujeres de Atenco, un grupo de once estudiantes universitarias, activistas y vendedoras de mercado que la policía arrestó hace casi diez años, durante las protestas sucedidas en el pueblo de San Salvador Atenco, y que fueron sometidas a brutales abusos sexuales mientras las trasladaban a la cárcel.
Además del grave abuso de poder y la violación de las mujeres, el caso es especialmente sensible porque el gobernador que ordenó la represión en contra de los manifestantes fue Enrique Peña Nieto, el actual presidente.
Brewer y otros abogados llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esperaron casi siete años. La comisión falló a favor de las mujeres, ordenó al gobierno que les diera reparaciones y que investigara con la debida diligencia las responsabilidades de las autoridades hasta lo más alto de la cadena de mando, una directriz que podía incluir a Peña Nieto. El caso después fue enviado ante la Corte Interamericana.
Fue entonces, poco después del décimo aniversario de los ataques contra las mujeres, que Brewer recibió un mensaje de texto sospechoso que cuestionaba por qué el Centro Prodh no defendía también a los soldados y policías víctimas de abusos. La abogada, intrigada, abrió el enlace y este la dirigió a una página web corrupta, un indicio del software Pegasus.
“Es parte de defender los derechos humanos en México”, aseguró Brewer. “Son los gajes del oficio”.
Azam Ahmed reportó desde Ciudad de México y Nicole Perlroth desde Boulder, Colorado. Paulina Villegas colaboró con el reportaje en Ciudad de México.
Azam Ahmed y Nicole Perlroth, NYTimres.com, Estados Unidos, 19/06/2017

Niega Presidencia espionaje
El Gobierno de la República negó haber espiado a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, como publicó The New York Times.
En un texto dirigido al diario, la Administración federal condenó el intento de vulnerar el derecho a la privacidad de las personas.
"Como su propio texto lo señala, no hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo.
"Para el Gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protección de datos personales son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho", indicó Presidencia.
Asimismo, el Gobierno federal llamó a las víctimas de espionaje a presentar su denuncia ante la PGR.
ElNorte.com, Ciudad de México, 19/06/17

Condena HRW espionaje a activistas
El espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos es injustificable, aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
"La información publicada por el New York Times (NYT) es de la mayor gravedad porque constituye obviamente una invasión en la privacidad de defensores de derechos humanos y periodistas", sostuvo.
"Un hecho de esta naturaleza es especialmente grave porque no es posible justificarlo. Con una orden judicial se puede, en cualquier parte del mundo, autorizar la intervención de las comunicaciones de alguien que esté sujeto a una investigación penal, siempre con la autorización de un juez. Acá estamos ante una situación absolutamente irregular y que ojalá se logre esclarecer a la brevedad posible".
En entrevista, Vivanco, quien participa en la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que es de la mayor importancia que a raíz de la denuncia del NYT se haga una investigación lo más rigurosa posible, para determinar el origen del espionaje telefónico.
De probarse que el Gobierno mexicano es responsable del espionaje, dijo, constituiría un grave abuso contra aquellos que ejercen el periodismo independiente y de investigación en México y contra quienes defienden derechos fundamentales.
Silvia Garduño. ElNorte.com, Cancún, México,19/06/17

1552. Cuenta atrás para el Día Internacional de la Paz

Mensaje del Secretario General de las Naciones Uniddas 
En enero de este año, al asumir mis funciones como Secretario General, mi primera medida fue realizar un llamamiento a la paz, una exhortación a todos los ciudadanos, gobiernos y líderes a que pusieran la paz ante todo.
El Día Internacional de la Paz, celebrado el 21 de septiembre de cada año, encarna nuestra aspiración común de poner fin a los sufrimientos innecesarios causados por los conflictos armados. Ofrece un momento para que los pueblos del mundo reconozcan los vínculos que los unen, independientemente de su país de origen. Es un día en el que las Naciones Unidas hacen un llamamiento a un alto el fuego mundial durante 24 horas, con la esperanza de que un día de paz pueda dar lugar a otro, y a otro y, en última instancia, al abandono de las armas.
Sin embargo, para lograr la paz no basta con deponer las armas. La paz verdadera requiere la construcción de puentes, la lucha contra la discriminación y la defensa de los derechos humanos de toda la población mundial.
Por ello, el tema de este año para el Día Internacional de la Paz es “Juntos por la paz: respeto, seguridad y dignidad para todos” y se presta especial atención a la difícil situación de los refugiados y migrantes de todo el mundo. Como comunidad internacional, tenemos la obligación de velar por que todas las personas obligadas a huir de sus hogares reciban la protección que merecen en virtud del derecho internacional. Como familia humana, tenemos el deber de reemplazar el miedo por la compasión.
En el curso de los próximos 100 días, recordemos que millones de miembros vulnerables de nuestra sociedad, muchos de los cuales han perdido todo, necesitan nuestra comprensión y ayuda. Reflexionemos juntos sobre qué podemos hacer para brindarles nuestra asistencia. Reconozcamos las múltiples formas en que contribuyen a sus países y comunidades de acogida y los fortalecen. Y redoblemos los esfuerzos para abordar las causas fundamentales de los conflictos, promover nuestra labor en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en primer lugar, volvamos a destacar la prevención de la violencia.
Al abrir nuestros corazones, tomarnos las manos y tenderlas a los refugiados y los migrantes, podremos avanzar hacia la consecución de la paz, la prosperidad y la protección para todos. 
-António Guterres. 
Onu.org.mx. Ciudad de México, 13/06/17

1551. Normalicemos los derechos, no las injusticias

A un año de mi llegada a México, tengo numerosas experiencias que me desafían no sólo como funcionario internacional de derechos humanos, sino también como ser humano.
Se trata de experiencias que me han sacudido, como los encuentros con familiares de personas desaparecidas, de un estado al otro. Desde el sufrido estado de Guerrero pasando por Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Morelos, Jalisco, Tamaulipas, hasta las heroicas mamás de Veracruz que lograron el macabro hallazgo de 254 cuerpos en las superficialmente idílicas Colinas de Santa Fe.
Son también encuentros con víctimas de tortura, desde mujeres torturadas sexualmente hasta un hombre que quedó ciego a causa de la brutalidad de sus aprehensores.
Son encuentros con mujeres y hombres de las comunidades indígenas a quienes la rapacidad de algunos y los “megaproyectos” roban hasta la más humilde forma de sobrevivencia que han tenido hasta la fecha.
Son encuentros con las y los valientes periodistas y defensores de derechos humanos. Fijo en mi memoria permanece un encuentro en particular, con la periodista cuyo nombre, Miroslava, sugiere una ascendencia proveniente de mi parte del mundo —Europa Central— Miroslava que me entrevista y que muere pocos meses después, baleada.
Son encuentros con personas migrantes que se encuentran en celdas por buscar una vida mejor, o con personas LGBTI que sufren ataques sólo por ser quienes son.
Ni yo, ni mis colegas que se enfrentan a esta realidad desde hace más tiempo, podemos normalizar todo esto. Ni la violencia, ni el abuso de autoridad, ni el abandono de las víctimas.
Me surgen preguntas. ¿Por qué un país tan fascinante, con tanta riqueza cultural, tanto potencial intelectual, falla tanto en la procuración de justicia? ¿Por qué siguen encarcelados los torturados y no los torturadores? ¿Cómo se puede vivir con una tasa de impunidad tan alta? Tal vez no es coincidencia que algunos gobernadores y fiscales que ayer justificaban las violaciones de derechos humanos en sus estados como parte de la estrategia de “combate a la criminalidad” se encuentren hoy procesados por corrupción masiva y otros delitos.
A veces, expresar críticas por las violaciones de derechos humanos se sigue interpretando como una forma de “desprestigiar” a las corporaciones que las cometen. Al mismo tiempo persiste una cultura de desprestigio contra las víctimas. ¿A cuántos servidores públicos hemos escuchado banalizar la desaparición diciendo que las víctimas se fueron con una amante o estigmatizándolas, diciendo que si la desaparecieron o la torturaron, pues era porque “en algo andaba”?
A pesar de lo anterior, hay también noticias esperanzadoras. En los años recientes se han adoptado leyes que reflejan estándares internacionales al nivel del siglo XXI: la Reforma constitucional en derechos humanos que recién cumple seis años de vigencia; la Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes; la Ley general contra la tortura; o la Ley general contra las desapariciones. Sin embargo, esos avances necesitan un gran esfuerzo para lograr su total y efectiva implementación. No podemos aceptar con fatalismo que en México se adopten buenas leyes para no cumplirlas.
Tenemos razones adicionales para albergar un optimismo histórico. La narrativa de los derechos humanos está cada vez más presente en los medios de comunicación. Hemos registrado un progresivo reconocimiento del importante papel que desarrollan las y los defensores de derechos humanos. En nuestro trabajo cotidiano, podemos dar fe de un creciente número de servidores públicos competentes y comprometidos. Además, varios sectores de la academia se comprometen cada vez más y ponen sus saberes al servicio de la causa, así, nuevas generaciones de estudiantes están expuestas a la cultura de los derechos humanos como nunca antes. Albergamos la esperanza de que ellos y ellas no estarán dispuestos a tolerar las falsas excusas y justificaciones para violar derechos humanos.
Quienes defendemos los derechos humanos sabemos que si bien el hoy no es nuestro aún, el mañana sin duda lo será. La ONU-DH, junto con múltiples actores, incluyendo a las agencias hermanas de las Naciones Unidas, está plenamente comprometida con este cambio y trabaja perseverantemente para lograrlo.
Jan Jarab. Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Jan Jarab, ElUniversal.com.mx, Ciudad de México,13/06/2017

1550. ¿Hay planeta para todos?

En 2050, África habrá duplicado el número de habitantes China dejará de ser el país más poblado
Al ritmo de consumo actual, haría falta un planeta y medio para abastecer a todos.
Los núcleos urbanos, como centros de innovación, también forman parte de la solución.
El mayor atasco de la historia sucedió hace cinco años en China. Casi medio millón de coches circularon durante más de una semana por los cinco carriles de la autopista que une Pekín con Tíbet, a un ritmo de un kilómetro diario. Una instantánea apocalíptica, que algunos ven como un anticipo de lo que se nos avecina: según las estimaciones de Naciones Unidas y la estadounidense PRB (Population Reference Bureau), en 2050 seremos 10.000 millones de personas sobre el planeta, un 30% más que ahora y el doble que a comienzos de siglo. Y siete de cada diez vivirán en núcleos urbanos.
Los científicos ecologistas Corey Bradshaw y Barry Brook presentaron recientemente un informe en la Academia de las Ciencias de Estados Unidos en el que advertían de que, en estos momentos, el número de habitantes representa el 14% de todos los seres humanos que han habitado la Tierra desde hace 2,5 millones de años. Y, con un discurso claramente catastrofista, urgen a aplicar cuanto antes medidas de planificación familiar estrictas para reducir la natalidad y, por ende, la población: «En 2045, movernos en torno a los 2.000 millones sería el medio eficaz para revertir el cambio climático y garantizar una vida próspera a las personas, con recursos para todos», dice el estudio, que establece cálculos matemáticos con variables que contemplan diversos escenarios, incluidas una pandemia planetaria y una tercera guerra mundial. Aun con estas dos últimas hipótesis, afirman, que supondrían la pérdida de 5.000 millones de vidas humanas, seguiríamos siendo demasiados.
Las dramáticas previsiones de los dos científicos no son más que la continuación de las tesis del biólogo Paul R. Ehrlich, que en 1968 revolvió al mundo con un libro de título poco sutil, Population bomb (La bomba de la población), en el que preveía que, en la década de los 70, cientos de millones de personas morirían de hambre como consecuencia del exceso de habitantes y la carestía de recursos. El tiempo desacreditó su pronóstico, pero eso no le impidió continuar vertiendo predicciones desmedidas con cierta frecuencia año tras año, e incluso proponer políticas de control de población (como la del hijo único en China), «por obligación si la gente no obedeciera voluntariamente». Su radical visión tuvo su cénit en el ensayo Écoscience, escrito mano a mano con John P. Holdren (asesor científico de la Casa Blanca durante la legislatura de Barack Obama), en el que abogan por verter medicamentos en el suministro de agua con el fin de esterilizar a la población, imponer abortos forzosos obligatorios, y establecer una suerte de dictadura de «régimen planetario» con el foco puesto en la ecología. Apoyan sus delirios proféticos en supuestas fórmulas matemáticas: junto a otro colega biólogo, Barry Commoner, crearon la ecuación I = P x A x T, o, lo que es lo mismo: el impacto ambiental es igual a multiplicar el número de habitantes por los recursos per cápita y la tecnología, planteada como la suma de emisiones y consumo.
La visión apocalíptica de un mundo esquilmado por una población desbordada viene de mucho más atrás: su precursor fue el clérigo anglicano y demógrafo Thomas Malthus, que, en el siglo XVIII, publicó varios ensayos que hoy los expertos unifican en la denominada catástrofe malthusiana, según la cual un aumento exponencial en la población, junto con un aumento aritmético en la producción agrícola de alimentos, causaría una situación de pauperización y de economía de subsistencia que podría desembocar en una extinción de la especie humana prevista para 1880. Su pronóstico, obviamente, erró el tiro, porque no tuvo en cuenta las guerras, hambrunas y epidemias, pero, sobre todo, no contó con los efectos de la Revolución Industrial en la sociedad, que, además de aportar una riqueza inédita hasta entonces, alumbró nuevas tecnologías que permitían multiplicar la obtención de alimentos y, por ende, la esperanza de vida.
Todas las previsiones que auguraban el fin de la raza humana por culpa de la superpoblación han fallado. Y muchos expertos consultados coinciden, hoy, en una afirmación: la superpoblación es cosa del pasado. Algo difícil de entender, ya que nadie pone en duda que en apenas 30 años seremos más de 10.000 millones de habitantes. «El boom de natalidad se dio en el siglo pasado, pero ya ha parado», asegura el doctor en Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona Fernando Gil Alonso. «Es la teoría de la transición demográfica, que se está cumpliendo punto por punto. En todas las etapas de la historia, siempre desciende la mortalidad antes que la natalidad. Esto provoca que, cuando vuelve a subir la natalidad, haya un periodo con mucha más gente joven en edad de procrear, y se da ese aumento exponencial de población. Eso es justo lo que sucedió en la segunda mitad del siglo pasado. Pero el fenómeno ha cesado, la fecundidad está descendiendo y lo que estamos viviendo ahora es la inercia. A finales de siglo, la población se estabilizará en unos 11.000 millones de habitantes, y ya no pasará de ahí».
Por inercia, Gil Alonso se refiere a África, especialmente las regiones meridionales, que en las siguientes décadas duplicarán su población, y el continente pasará de 1.400 a 2.500 millones de habitantes. También a India que, según Naciones Unidas, en 2050 alcanzará los 1.700 millones. En paralelo, durante este periodo, la población de Europa se reducirá en un 20%, y América se estabilizará: aunque Brasil siga siendo el país más poblado del continente a mediados de siglo, su fecundidad ya se encuentra en una curva descendente. Igual que en China que, en parte por su política de hijo único, en un par de décadas dejará de ser el país con más habitantes del mundo.
Si bien el mensaje de los demógrafos es tranquilizador y dista de la catástrofe malthusiana, los nuevos escenarios generan inevitables incógnitas: el aumento poblacional en África, que podría agudizar el problema de las migraciones masivas a Europa. Es lo que los más radicales denominan «las nuevas invasiones bárbaras», como describió el polémico escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte en una de sus columnas de opinión. «Es aventurado hablar de los movimientos poblaciones futuros», opina Gil Alonso. «Tenemos ejemplos cercanos. En lo poco que llevamos de siglo, en España se ha dado un fenómeno emigratorio masivo por la crisis, incluso a países de Latinoamérica, revertiendo la dirección habitual, y nadie contaba con eso unos pocos años antes».
Su colega Antonio López Gay, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics y doctor en Demografía, también es cauto a la hora de predecir migraciones masivas. «Es una ciencia muy poco exacta», dice, y advierte: «En cualquier caso, debemos tener en cuenta que Europa está estabilizada en torno a una tasa de un 2,1 hijos por mujer, la de reemplazo [una generación desaparece y da paso a la siguiente], y algunos países como Alemania, Francia y Holanda incluso están por debajo. Si añadimos el aumento de la esperanza de vida, somos un continente que se encuentra en una fase de envejecimiento, algo que también empieza a ocurrir en algunos países de América. África aún se encuentra en esa fase de transición demográfica que nosotros ya hemos superado, y la emigración de gente joven a nuestro continente puede compensar esa situación, y evitar que se reduzca drásticamente la población activa». No es, claro, la única solución: «Aunque será un fenómeno transitorio —igual que lo fue en los años 60 la superpoblación de mujeres en edad de fecundar—, de aquí a finales de siglo aumentará muchísimo el número de ancianos. E irá sucediendo paulatinamente en todos los países  del mundo, porque es una tendencia global, aunque suceda a diferentes ritmos. El mundo se estabilizará a finales de siglo en los 10.000 millones de habitantes, y no pasará de ahí después, pero con una población más envejecida. Hay que buscar fórmulas para afrontar esa situación mientras dure, reformando los sistemas de pensiones, alargando la edad de la población activa, etc.». Pone un ejemplo: «Japón es hoy un país con natalidad muy baja y que recibe muy poca inmigración. Pero no les va mal. Hay que buscar modelos».
Respecto a las políticas radicales de control de natalidad por las que abogan los epígonos de Ehrlich, López Gay lo tiene claro: «El origen de la superpoblación no está en la fecundidad, sino en que cada vez baja más la tasa de mortalidad. Y eso es algo que también está sucediendo en África. Y no es un problema, porque son precisamente el sector poblacional que menos recursos del planeta consume. Además, la fecundidad allí también está descendiendo y, aunque la población se vaya a duplicar en las próximas décadas, después se estabilizará. En los 90, la media de hijos por mujer africana era de 3,2; hoy es de 2,5. Hay otros casos más llamativos, como el del sudeste asiático. La tasa en Irán estaba hace pocas décadas en seis hijos por mujer, y hoy está en 1,7».
El mensaje actual es, por tanto, tranquilizador. El boom de fecundidad ocurrió en la década de los 60 y la tendencia es descendente, hasta la estabilización a finales de siglo. Y el planeta tiene recursos y espacio para albergar a todos. El problema, por tanto, debe reenfocarse: la explotación y utilización de esos recursos y, por extensión, la degradación del medio ambiente. Dicho de otra manera: no es tanto que la población vaya a crecer demasiado, sino que estamos consiguiendo que nuestro mundo se vuelva cada vez más pequeño. Así opina Andrés Santiesteban, doctor en Biología: «La degradación de la calidad del aire, el aumento del nivel del mar o muchos desastres naturales tienen detrás la mano del ser humano. Y están consiguiendo que cada vez haya menos zonas habitables». Alodia Pérez, coordinadora del Área de Residuos de la ONG Amigos de la Tierra, se suma a esta tesis: «Los países desarrollados demandamos muchos recursos a los países emergentes a precios bajos. Y la obsolescencia sigue sin tratarse como debe. Las administraciones y las empresas tienen que empezar a tomar medidas para cambiar el modelo de consumo. Estamos en un momento en el que consumimos productos a una tasa de 1,5 veces los recursos que necesitamos para producirlos». Esto es: al ritmo actual, haría falta un planeta y medio para abastecer a todos. Y eso sin contar con que los países emergentes empezarán, paulatinamente, a consumir al mismo nivel que los desarrollados.
A esta situación, hay que añadir el reciente estudio de la organización The Nature Conservancy: un grupo de investigadores parten de la población actual y futura y han estimado el impacto que esta tendrá en los recursos naturales del planeta, teniendo en cuenta los actuales niveles de urbanización, agricultura o uso de energía para determinar qué regiones serán las más amenazadas por necesidades crecientes alimenticias, energéticas o de nuevos espacios urbanos. La conclusión es que el desarrollo humano, en las próximas décadas, supondrá el acaparamiento de un 20% de los hábitats naturales que quedan. Esto significa que 19,68 millones de kilómetros cuadrados de tierras hoy vírgenes o semivírgenes serán alterados, lo que equivale a la extensión de Europa, incluida Rusia. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que, descontando la Antártida, el 76% de la superficie terrestre aún se puede considerar en estado natural, según estos investigadores. El planeta todavía tiene espacio suficiente para ser habitado, por mucho que la población alcance los 10.000 millones. El problema, una vez más, es cómo explotaremos ese espacio. Y su distribución: en 2050, el 70% de la población vivirá en núcleos urbanos, lo que conllevará una saturación de las ciudades.
Hay voces que no ven este escenario como algo dramático; más bien al contrario. El físico Geoffrey West explicó durante una conferencia en TEDGlobal que la economía de escala y las leyes matemáticas anticipan que, si bien buena parte de los problemas de sostenibilidad (medioambiental, económica, energética) emanan de la organización humana en las ciudades, los núcleos urbanos también forman parte de la solución: son los centros de innovación y creación de riqueza. Según su teoría, si se dobla la población de una ciudad, la escalabilidad, por ejemplo, de los salarios, el número de patentes o de ciudadanos creativos, las enfermedades, la cantidad de residuos generados, etc., no se duplica, sino que crece aproximadamente un 15%, con un ahorro similar al de optimizar el uso de las infraestructuras. El urbanista Pedro Royo añade: «Las ciudades no son más que una manifestación física de los seres humanos. No hay que verlas como cárceles de cemento, porque en definitiva se van adaptando a lo que queremos que sea nuestro hábitat. Lo estamos viendo en Madrid y otras capitales de Occidente: cada vez se restringe más el uso del coche, que finalmente se acabará desterrando del centro. Así se ganará espacio y aire limpio. En definitiva: según vaya creciendo la población de los núcleos urbanos, los iremos haciendo más habitables».
La superpoblación no es el gran problema de nuestro siglo. Sí su gestión. Hay que buscar el punto medio entre las tesis catastrofistas de Ehrlich o Malthus y las, tal vez, excesivamente optimistas de David Lam: el economista estadounidense asegura que si, tras la explosión demográfica de la década de los 60, hemos llegado a la situación actual, con los niveles de pobreza más bajos de la historia y el mayor número de alimentos per cápita, significa que el ser humano tiene recursos de sobra para avanzar en cualquier situación. Su colega Stan Becker criticó que no incluyera en su tesis indicadores medioambientales realistas, porque ahí radica el verdadero problema: el uso desmedido de los recursos y la degradación acelerada del planeta. Incluso los mencionados Corey Bradshaw y Barry Brook añadían en su radical estudio sobre la necesidad de reducir la población: «Nada de esto tendrá eficacia si no priorizamos el consumo y la explotación sostenibles».
Luis Meyer. Ciudad de México. 05/2017

1549. Sube nivel de paz global; cae en México

Mientras que la tendencia fue que el mundo se hiciera un poco más pacífico en el último año, en México la situación empeoró, indican los resultados del Índice de Paz Global (IPG) 2017.
De acuerdo con estos datos, México se ubica en el lugar 142 de 163 naciones, lo que lo hace uno de los países menos pacíficos de América, con niveles parecidos a los de Venezuela (lugar 143) y Colombia (146).
Con esto, México rompió una racha de tres años volviéndose más pacífico, pues en 2014 ocupó el lugar 145; en 2015, el 142; y en 2016, subió al 140.
"La puntuación global para el IPG 2017 mejoró ligeramente este año debido a las ganancias en seis de las nueve regiones geográficas (del mundo) representadas.
"Las mejoras se deben en gran medida a que los indicadores relacionados con sociedad y seguridad, y militarización mejoraron, en promedio; sociedad y seguridad debido a que muchos países registraron una menor tasa de homicidios y niveles más bajos de terror político; indicadores de la militarización bajaron, como el gasto en porcentaje del PIB, el número de personal por 100 habitantes y las capacidades de armas nucleares y de armas pesadas", señala el informe.
Las categorías en las que México obtuvo la peor calificación posible fueron crímenes violentos, muertes por conflictos internos, número de conflictos internos.
Además, homicidios y terror político son otros indicadores que también encienden los focos rojos.
El Índice de Paz Global 2017 coloca a México como el segundo país con el mayor número de muertes por conflictos internos, sólo después de Siria y antes que Afganistán e Irak.
"Para México, que ocupa posición 142, el descenso se debió al efecto de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos sobre sus relaciones con los países vecinos y, en menor medida, el deterioro del terror político", agrega el documento.
César Martínez. ElNorte.com. Ciudad de México, 01/06/17

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