Cultura de Paz y Mediación de José Benito Pérez Sauceda

Cultura de Paz y Mediación de José Benito Pérez Sauceda
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1504. Alejandro Solalinde, Candidato al Premio Nobel de la Paz 2017


Comité Noruego admite postulación de Solalinde para Premio Nobel de la Paz 2017
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) confirmó que el Comité Noruego del Nobel aceptó la postulación del sacerdote católico y defensor de migrantes, Alejandro Solalinde Guerra, al Premio Nobel de la Paz 2017.
Esta postulación –presentada por la UAEM– fue recibida con mucha esperanza por el albergue, no tanto por el premio, sino por el interés de colocar en el debate internacional la migración de América Latina, las violaciones a los derechos de los migrantes centroamericanos y la nueva política norteamericana en materia migratoria, dijo Alberto Donis, uno de los coordinadores del albergue Hermanos en el Camino de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, fundado por Solalinde.
“Desde el año pasado nos dimos a la tarea de realizar todo el contexto que rodea la actividad del padre Alejandro Solalinde y decidimos postularlo con el comité del Premio Nobel; queremos y deseamos que se le reconozca en toda la actividad que lleva a cabo de protección de los derechos humanos, de la dignidad humana de los migrantes de Centroamérica a Estados Unidos”, destacó a su vez el rector de la UAEM, Jorge Olvera García.
Añadió: “Se reconoce y enaltece la labor que ha tenido Solalinde Guerra con el albergue, y ese es el tema que se mandó a Suecia. Oficialmente, Alejandro Solalinde Guerra es postulado al Nobel de la Paz 2017”.
Proceso.com.mx. Ciudad de México, 10/03/17 
http://www.proceso.com.mx/477673/comite-noruego-admite-postulacion-solalinde-premio-nobel-la-paz-2017 

Padre Alejandro Solalinde, Candidato al Premio Nóbel de la Paz
El Padre Alejandro Solalinde, fué propuesto por la Universidad Autónoma del Estado de México, como candidato al Premio Nóbel de la Paz, 2017.
El Padre Solalinde, es egresado de la Facultad de Humanidades de la UAEM, recibió el Doctor Honoris Causa por ser un referente mundial, en su lucha para proteger los derechos humanos de los migrantes de México y Centroamérica que viajan a Estados Unidos.
Entre múltiples acciones de bien común, impulsó el Albergue Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca, que brinda refugio, alimentos, atención médica y sicológica, así como asesoría jurídica a miles de migrantes, de distintas nacionalidades.
ElDiarioVision.con.mx. Toluca, Estado de México, 10/03/17 
http://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,56875/ 

1503. El alto costo de la tortura en México

© 2016 Henry Romero/Reuters

Sólo habrá cambios reales en este país cuando las autoridades, desde el presidente hasta los agentes del MP, tribunales, policía y Fuerzas Armadas se sientan obligadas a tomar mucho más en serio las normas que prohíben la tortura.
La tortura estará en la agenda del Congreso mexicano. Combatir esta práctica generalizada debería ser una prioridad urgente para todos los poderes del Estado. Su impacto en México ha sido devastador, no sólo para las numerosas víctimas de tortura, sino además para la credibilidad del propio sistema de justicia penal.
Consideremos, a modo de ejemplo, el caso de Taylin Wang y de “Pedro Salazar”, una víctima de secuestro para quien empleamos un seudónimo con el fin de proteger su identidad y privacidad.
Wang llegó a México desde su Perú natal hace siete años, en busca de un futuro mejor para sus hijos. Encontró trabajo vendiendo ropa, y luego abrió un restorán peruano. Se casó con un ciudadano mexicano, y juntos estaban criando a sus dos niñas de 7 y 9 años, y a su hijo de 16. Cuando agentes de la Policía Federal allanaron su domicilio en febrero de 2014, Wang estaba embarazada de siete semanas.
Recientemente, Wang le dio a Human Rights Watch su testimonio sobre lo sucedido durante el allanamiento, con la esperanza —según dijo— de que su historia sirva para evitar que otros tengan que vivir una situación similar.
Wang y su esposo, que se habían acostado tarde luego de ver una película, fueron despertados por policías que irrumpieron sorpresivamente en su residencia cerca de las 3 a.m. Los policías no les mostraron una orden de detención. En cambio, sacaron a Wang por la fuerza de su cama, le gritaron que era una “puta” y le exigieron saber dónde estaba su “amante”. Se llevaron a su esposo a una habitación contigua, donde estaban sus tres hijos.
Uno de los agentes le quitó a Wang la bata y la acostó por la fuerza en la cama. Mientras otros policías miraban, la penetró con el arma, le agarró fuerte los senos y le preguntó si eso le gustaba.
Los policías llevaron a Wang y a su esposo hasta una dependencia de la Policía Federal. No permitieron que Wang llamara al consulado peruano. Le vendaron los ojos, la golpearon durante horas y la obligaron a firmar un papel en blanco. “Hice cualquier garabato con tal que me dejaran de golpear”, nos contó.
Wang luego fue trasladada a la sede de la Procuraduría General de la República, donde advirtió que estaba sangrando profusamente, mucho más fuerte que cuando tenía su período. La hemorragia continuó durante días, incluso después de haber sido trasladada a una cárcel en el estado de Nayarit. Posteriormente, le confirmaron que había perdido el embarazo.
Un informe médico oficial emitido cuatro días después de la detención señala solamente “lesiones que no ponen en peligro la vida” y que “tardan en sanar menos de 15 días”. Sin embargo, una evaluación psicológica independiente de octubre de 2015 concluyó que había sido torturada. Y hasta hoy sigue recibiendo tratamiento médico, entre otras cosas, por los severos dolores de espalda por las brutales golpizas, que la aquejan desde el allanamiento.
En octubre de 2014, el Ministerio Público formuló cargos contra Wang, acusándola de pertenecer a una banda de secuestradores. Las pruebas en su contra incluían el testimonio policial y de otros dos presuntos miembros de esta banda. La policía sostuvo haberla detenido, no a las 3 a.m. en su vivienda, sino a las 10 a.m. en otro lugar, donde también encontraron a una víctima de secuestro, que estaba esposado y con los ojos vendados. Los otros supuestos implicados afirmaron que Wang había participado plenamente en la actividad delictiva de la organización.
Los agentes del Ministerio Público también presentaron la declaración de la víctima de secuestro, Pedro Salazar. Salazar ofreció un relato estremecedor de cómo fue llevado a punta de pistola, sometido a golpes y puntapiés, y obligado a repetir —bajo amenazas de asfixia— el rescate exigido a sus familiares: debían pagar a los secuestradores USD 2,5 millones o le cortarían los dedos.
No hay ninguna duda de que las autoridades mexicanas deberían asegurar que las personas responsables de este terrible delito sean llevadas ante la justicia. Pero existen motivos más que suficientes para dudar que Wang fuera una de ellas.
La acusación presenta graves e innumerables incongruencias. En primer lugar, está la absurda afirmación de que la Policía sabía que se estaba produciendo un delito en la casa donde detuvieron a Wang —y por eso ingresaron sin una orden judicial— en parte porque habían encontrado a su esposo afuera y él les había informado, voluntariamente, que retenía a una víctima de secuestro en la casa.
Luego, tres vecinas de Wang que declararon que ella no estaba allí, sino en su propia vivienda, corroborando así su versión sobre el allanamiento. Sin embargo, el agente del Ministerio Público desestimó el valor probatorio de los testimonios de las vecinas y sostuvo —sin pruebas consistentes— que se “presum[ía] aleccionamiento”, es decir, que habían sido entrenados sobre qué testificar.
En tercer lugar, el Ministerio Público aceptó como válida la identificación positiva de la voz de Wang hecha por Salazar (quien nunca la había visto mientras estuvo en cautiverio) en un procedimiento que no incluyó la comparación con otras voces femeninas.
Por último, y más alarmante, el Ministerio Público se basó en señalamientos incriminatorios de los cuales los demás supuestos miembros de la banda ya se habían retractado, tras afirmar que fueron torturados para formularlos y que eran falsos.
No sería la primera vez que agentes del Ministerio Público de México arman un caso sobre la base de testimonios obtenidos mediante coacción. El escandaloso uso de la tortura por las autoridades ha desacreditado sustancialmente las investigaciones sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el asesinato de 22 civiles en Tlatlaya en 2014. Y estos son tan sólo los casos más conocidos. En la última década, Human Rights Watch ha documentado muchísimos casos de torturas cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, como golpizas, asfixia, descargas eléctricas y violencia sexual, entre otras tácticas, empleadas a menudo para obtener información u otras declaraciones incriminatorias.
Debido a este uso de la tortura para “resolver” casos, a las víctimas de delitos y sus familiares —ya sea Salazar o las familias de los estudiantes de Ayotzinapa— les resulta mucho más difícil obtener justicia, a la que tienen pleno derecho. Estos métodos nefastos generan información que no es confiable, socavan la credibilidad del proceso judicial y, muy frecuentemente, llevan a encarcelar a personas inocentes.
En diciembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto presentó una propuesta de Ley General sobre Tortura que, entre otras cosas, reforzaría las prohibiciones existentes sobre el uso de tortura para obtener pruebas. El año pasado, el Senado aprobó una versión mejorada, aunque imperfecta, pero en la Cámara de Diputados el proyecto sufrió modificaciones que debilitaron varias de sus principales disposiciones. El mes pasado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México publicó un análisis de este proyecto legislativo e identificó disposiciones que deben modificarse para asegurar que México cumpla con sus obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos. En el período de sesiones legislativas que empieza este mes, el Congreso tiene la oportunidad de incorporar estas modificaciones y promulgar una ley más sólida.
En vista de los deplorables antecedentes de México en materia de tortura, el Congreso debería aprobar una ley contundente para intentar eliminar esta práctica. Sin embargo, solamente habrá cambios reales cuando las autoridades mexicanas, desde el presidente hasta los agentes del Ministerio Público, los tribunales, la policía y las Fuerzas Armadas, se sientan obligadas a tomar mucho más en serio las normas que prohíben la tortura.
Mientras tanto, Pedro Salazar aún no ha recibido de las autoridades una versión seria y confiable sobre qué ocurrió y quienes son responsables. Y en una cárcel de mujeres en la zona sur de México D.F., Taylin Wang espera que se dicte sentencia, en un proceso judicial viciado y plagado de irregularidades, por un delito que insiste no haber cometido.
Daniel Wilkinson. Director de la División de la Americas de HRW

1502. Cartas para la Paz: Mi reconocimiento para Jacinta Francisco, Alberta Alcantara y Teresa González.

Mi reconocimiento para JACINTA FRANCISCO,  ALBERTA ALCANTARA Y TERESA GONZALEZ, VALIENTES Y DIGNAS MUJERES OTOMIES, a quienes  la P.G.R., quiere desagraviar con disculpas, después de haberlas injustamente encarcelado hace más de 10 años, dejando al descubierto, una vez más,  la total corrupción  que impera en nuestra patria y que sólo aplican castigo  para las personas pobres que no pueden defenderse, achacándoles delitos inverosímiles (SECUESTRAR A 6 AGENTES FEDERALES ¡POR FAVOR!) y el Juez que dio el Fallo ¿les pagó  una INDEMNIZACIÓN  por los años que estuvieron encarceladas? Sin ver a sus hijos y cuidarlos viéndolos crecer, todo el sufrimiento de sus esposos y familias, etc.
Todos ellos ganan sueldazos, se equivocan en sus FALLOS y no hay ningún problema el Prof. Moreira tiene demandado al Periodista Sr. Aguayo por $10 millones que exige como indemnización, por decirle lo que es, pero como tienen para pagar buenos abogados, que les limpien el nombre, además les pagan  Por eso están las cárceles llenas de pobres, no los defiende nadie. En cambio, desde el Presidente y su equipo y los demás Poderes, Sindicatos, Gobiernos Federales y Estatales, funcionarios llenos de corrupción y no llenan.
Quieren que con el SUELDO MINIMO las personas les trabajen  y completen  sin robar. La gente se va de México porque  aquí, con tanto dinero y buenas tierras; empresarios muy ricos, no hay quien los contrate, aquí no tratamos bien a nuestros prójimos, somos xenófobos y nos quejamos del Presidente vecino que no tiene por qué hacer nuestro trabajo.  Nuestro Presidente es el que debe hacerlo junto con todos nosotros, tratamos a los migrantes que llegan igual o peor que como los tratan allá, decir que LOS VOLADORES DE PAPANTLA los mantenemos ¡POR FAVOR!, en qué parte del mundo hay.
Un espectáculo igual, no sabemos VALORAR y APRECIAR nuestras raíces, la diversidad, lo original que tenemos.
EL ARTE en todas sus expresiones es lo que cambia nuestro comportamiento y nos hace sensibilizarnos con los demás, desperdiciamos las MUESTRAS DE TEATRO de CONARTE (GRATUITAS) para los estudiantes por temores y fobias evitando que nuestros alumnos vayan formando su criterio y disfruten.
Da pena ajena saber que la Sra. Karime Macías de Duarte desaprovechó la oportunidad de ayudar a los necesitados proporcionándoles las sillas de ruedas y los alimentos, que tristeza que ahora anden escondidos, para qué sirve el dinero si no tienes tranquilidad.
Va este RECONOCIMIENTO por todas LAS MUERTAS DE CD. JUAREZ, LOS 43 ESTUDIANTES DESAPARECIDOS, TODOS LOS SECUESTRADOS,  MUERTOS EN DIFERENTE FOSAS EN TODO MEXICO Y PARA TODOS LOS INJUSTAMENTE  ENCARCELADOS Y TODAS LAS FAMILIAS que sufrimos de ver  tanta injusticia en México y el Mundo.


María Cruz 
Monterrey, Nuevo León, México. 

1501. "Hasta que la dignidad se haga costumbre"

Jacinta, Alberta y Teresa reciben las disculpas de la PGR; es una victoria "Hasta que la dignidad se haga costumbre"
Después de volver a relatar la aprehensión injusta, las acusaciones falsas, la violación a sus derechos, las humillaciones, las pérdidas y el dolor que les causó la fabricación de su caso por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) -pero esta vez sí con la atención de funcionarios de alto nivel-, las mujeres hñähñú Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan escucharon el reconocimiento público de su inocencia y el ofrecimiento de disculpas por parte del titular de la PGR, Ricardo Cervantes, en un acto llevado en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México.
Ciudad de Mexico. 22/02/17


Discurso de Teresa González 
Buenas tardes, soy Teresa González Cornelio.
El 26 de marzo 2006 llegaron a mi comunidad de Santiago Mexquititlán Agentes
Federales a hacer destrozos al tianguis, y al no dejarnos es que nos hicieron
acusaciones falsas. Nos acusaron de delitos que no cometimos y nos llevaron detenidas
el 03 de agosto del mismo año, con engaños, sin saber por qué estábamos detenidas.
La PGR nos acusó con acusaciones falsas de secuestradoras y posesión de cocaína y
nos sacó ante los medios de comunicación. Nuestra familia sufrió mucho porque nos
cambió la vida por completo, porque no sabíamos cómo defendernos al no tener los
recursos económicos.
Hoy en día, estos once años de lucha nos han hecho tener las fuerzas para seguir
luchando con nuestra familia y amigos. Para mí esta disculpa pública es una gran
victoria porque cierra estos once años de lucha junto con el acompañamiento de
nuestros abogados. La organización Miguel Agustín Pro Juárez creyó en nuestra
inocencia, en nosotras, siendo mujeres indígenas.
Hoy quisiera darle un mensaje a mujeres víctimas como nosotras: que luchen, que no
se queden calladas hasta que las autoridades las escuchen y la sociedad sepa la
verdad. Sí se puede. A veces es por miedo que nos quedamos calladas.
Por último quisiera pedirle, señor Procurador, que se comprometa a que ya no va a
volver a suceder que las autoridades fabriquen pruebas, que más personas no vayan a
parar injustamente a la cárcel por delitos que no cometieron.
Muchas gracias.

Discurso de Alberta Alcántara 
26 de marzo 2006.
Llegaron unos agentes federales a Santiago Mexquitilán a hacer
un decomiso de discos, pero llegaron sin orden y sin
identificación. La gente se molestó por los hechos.
3 de agosto 2006.
Me detienen en mi trabajo. Me llevaron al Cereso femenil. Allí
pasé humillaciones por las custodias y compañeras, por ser
indígena y pobre. Viví cosas muy difíciles por estar separada de
mi familia.
Tocamos muchas puertas y no nos hacían caso, hasta que
encontramos al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez. Allí empezó a cambiar nuestra situación, a ser
escuchadas, después de 3 años 8 meses en prisión.
Después de salir de prisión no fue fácil volver a la sociedad;
algunos no te comprenden.
No se queden callados. Hablen, busquen apoyo de las
organizaciones, siempre hay alguien que nos puede ayudar,
siempre hay una pequeña luz en el camino.
Señor Procurador: espero no sea la primera ni la última disculpa
pública. Hay muchas víctimas como nosotras. Espero que sus
colaboradores trabajen bien.
Con la disculpa no me devuelven el tiempo perdido.

Discurso de Esthela, hila de Jacinta 
Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes pueblo de México y pueblos del mundo,
gracias por todavía acompañarnos, es lamentable, vergonzoso e increíble que a 6 meses
de cumplirse 11 años del caso 48/2006…hoy, por fin la Procuraduría General de la
República reconoce de manera forzada no por voluntad que el caso citado fue un error,
la disculpa es por funcionarios mediocres, ineptos, corruptos e inconscientes que
fabricaron el delito de secuestro e inventaron que Jacinta era delincuente, la evidenciaron
en los diarios locales de Querétaro, la demandaron por un delito federal que no alcanzaba
fianza, la investigaron los mismos policías demandantes, la encarcelaron con mentiras sin
decirle que tenía derecho a un abogado de oficio y a un traductor.
Jacinta Francisco Marcial, es mi querida madre, es una mujer Indígena ñhöñhó de
Santiago Mexquititlán. ella fue secuestrada legalmente el jueves 03 de agosto de 2006
acusada de privación ilegal de la libertad de seis agentes Federales de Investigación (Hoy
agentes ministeriales) con el expediente 48/2006, sentenciada a 21 años de cárcel y una
multa de dos mil días de salario mínimo un equivalente a 90 mil pesos. Ella fue liberada
gracias al apoyo del Centro de derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
A.C.(Prodh), organismo no gubernamental de los padres jesuitas de México la noche del
15 de septiembre de 2009.
El caso 48/2006 es un simple ejemplo de tantas, de las muchas arbitrariedades ilegales
que cometen las autoridades que tienen título, nombramiento, reconocimiento oficial en
este nuestro país que es México.
Este largo proceso de desgaste económico, emocional, físico, psicológico dejo una gran
experiencia de la realidad. Hoy se sabe que en la cárcel no necesariamente están los
delincuentes, están los pobres que no tienen dinero, los indefensos de conocimiento, los
que poderosos someten voluntad ajena; Los delincuentes de mayor poder, de cuello
blanco no pisan la cárcel, no conocimos en Querétaro ningún rico que estuviera en la
cárcel.
Jacinta pudo ser liberada gracias al apoyo de su familia, gracias a la publicación que hizo
muchos seres humanos pensantes, pero sobre todo, gracias a la valiosa intervención de
todo el equipo de apoyo del Centro Prodh. De no haber sido por esta gran labor, Jacinta
hoy estaría pagando una sentencia de un delito que jamás existió. La pregunta es
¿cuántos inocentes están hoy en la cárcel por un delito no cometido o que no existe?
¿Cuántos secuestradores, delincuentes autorizados, con título, nombrados por la ley
andan sueltos, cobrando de nuestros impuestos, encarcelando, persiguiendo o acosando
con un delito fabricado?
Agentes federales como los que acusaron a Jacinta y sus cómplices (porque tuvieron
cómplices) son los que él estado contrata para garantizar la seguridad social, ¿Qué sería
la vida sin ellos?, ¿qué hay hoy de estos funcionarios públicos con título o nombramiento
(Agentes federales, ministerio Publico, juez y los cómplices de los policías demandantes)
espero equivocarme, pero, seguramente siguen trabajando y cobrando de nuestros
impuestos, siguen siendo nuestros empleados a pesar de demostrar con este caso su
ineficiencia e inutilidad.
Preguntaran que si es suficiente la disculpa pública y la aclaración de inocencia de Jacinta,
jamás lo será, no basta la reparación de daños para superar el dolor, la tristeza, la
preocupación y las lágrimas ocasionado a la familia. ¿Quién va devolver la de vida mi
hermano José Luis que no pudo estar tres años con su mamá? Y que hoy, a seis días de
cumplir siete años que falleció, seguimos recordando que estuvo solo cinco meses con mi
mamá después de recuperar su libertad.
A los que solo piensan en el dinero de reparación de daños, no se preocupen, no nacimos
con él, ni moriremos con él, nuestra riqueza no se basa en el dinero, pueden estar
tranquilos lo destinaremos y lo haremos llegar a donde tiene que llegar en su momento
justo.
A los abogados particulares que se dedican a robar a sus clientes, no sean mediocres de
conciencia y no abucen del dolor ajeno, tengan tantita dignidad y si no pueden tomar el
caso con éxito, no engañen a la gente, no coman ni beban a costa del sufrimiento.
Este caso cambio nuestra vida para ver, saber y sentir que las victimas nos necesitamos,
que, lo que al otro le afecta, tarde o temprano me afectara a mi, en este sentido nuestra
existencia hoy tiene que ver con nuestra solidaridad con los 43 estudiantes normalistas
que nos faltan, con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos, con nuestros
presos políticos, con mis compañeros maestros caídos, cesados por defender lo que por
derecho nos corresponde: mejores condiciones de vida y trabajo.
A todas las instituciones gubernamentales como CDI, CNDH, y otras de apoyo social,
pónganse a trabajar de verdad, no solo den recomendaciones cuando ya otras
instituciones no gubernamentales lo hacen por ustedes, no sean títeres ni solo sirvan para
acarrear gente para ver a un gobernador o político.
Alas victimas actuales, a mis hermanos luchadores sociales y maestros que estamos en
pie de lucha, a los caídos, desaparecidos, encarcelados, exiliados, perseguidos,
aterrorizados que defienden, luchan y están a favor de los derechos humanos…quiero
decirles que después de vivir este terrorismo de estado, asumimos el dolor, vencimos el
miedo para que la victoria fuera nuestra …la ignorancia, el miedo no puede estar ensima
de la vida…estamos orgullosos de ustedes…, hoy la historia la podemos escribir gracias
a las personas que nos atrevimos a levantar la voz, los que nos atrevimos hacer uso de la
palabra, los que todavía tenemos principios humanos, estamos orgullosos de que esta
historia aun cuando los tiempos actuales está de moda enaltecer la corrupción, la
estupidez, la ignorancia, no se la dejamos a la pudrición. Hoy nos queda solidarizarnos
con otras víctimas, nos queda saber que la conciencia, la sabiduría, la razón, la vida y la
libertad no se vende, no se negocia, ni tiene precio…
Al procurador General de la Republica, decimos que no estamos contentos ni felices por
este acto de disculpa, pedimos el cese a la represión, persecución y liberación de presos
políticos quienes su único delito es aspirar mejores condiciones de trabajo, vida, patria
digna y justa…, pedimos no sigan dándose este tipo de casos, hoy queda demostrado,
que, ser mujer, pobre e indígena, no vergüenza del pueblo, vergüenza hoy es de quien
supuestamente debería garantizar nuestros derechos como etnia, como indígenas, como
humanos,
Actualmente vemos autoridades ignorantes, corruptos y vendidos, no les damos las
gracias, exigimos que, por traidores a nuestra patria, renuncien a sus cargos si no tienen
dignidad, por vergüenza.
La familia Jacinta gradecemos infinitamente a todos(as) los(las) aquellos héroes anónimos
que nos apoyaron incondicionalmente en el caso, con sus cartas, con comida, con dinero
de manera directa o indirecta, “estamos seguros que la vida les recompensara el favor
realizado, sabemos que el éxito de este proceso es gracias a la participación de muchas
personas…este caso nos cambió la forma de ver la vida, hoy sabemos que no es necesario
cometer un delito para ser perseguido o estar en la cárcel.
Por los que seguimos en pie de lucha por la justicia, la libertad, la democracia y la
soberanía de México, para nuestra patria, por la vida, para la humanidad, quedamos de
ustedes por siempre y para siempre la familia Jacinta Francisco Marcial…hasta que la
dignidad se haga costumbre.

Discurso de Jacienta 
Buenas tardes a todos aquí presentes. Yo, como acaba de decir
Ricardo Rocha, soy Jacinta Francisco Marcial, hay muchos que ya
me conocen. A veces me voy por donde quiera y siempre digo gracias
a muchas gentes; a donde quiera que vaya, a veces cuando oigo
“doña Jacinta” y me volteo a verlos, y ni los conozco, digo “¿Quién
es?” y me dicen: “tú no me conoces, pero tú eres la señora de la tele,
tú eres la señora del periódico”.
Me dicen eso porque yo estuve en la cárcel injustamente, porque yo
no sabía defenderme, yo no sabía hablar, ni sabía por qué me
llevaban. Es igual que cuando tienes un animalito y lo llevas, y ni sabe
por dónde lo llevas. Me decían que era secuestradora, y me pongo a
pensar y digo que secuestradores eran ellos, porque me llevaban a
un lugar que yo no conocía, y nunca pensé que iba a llegar allí. A mí
me llevaron con engaño, a muchos de nosotros nos ha pasado eso.
Ese día yo estaba en una comunidad de la religión católica, no estaba
en mi casa. Agarré un taxi para llegar temprano a mi casa. Llegando,
había dos señores que llegaron preguntándome por un terreno,
cuando yo no conocía el terreno, ni de compras ni ventas de terreno,
pues yo no tengo nada. Y ya atravesaron el camino y me dijeron: “no
tengas miedo”, mientras me llevaban; “te vamos a llevar a declarar
por un árbol verde que tú cortaste, ¿no sabes que eso es un delito?”.
Les dije “No, yo no he cortado nada, pues por qué no me lo dijeron
antes para entrar en mi casa y ver que ahorita no tengo leña”. Y me
dijeron: “no, vamos, nomás vas a ir a declarar y te regresas. Hasta
nosotros vamos a regresar y dejarte en tu casa”, como burlándose de
nosotros. A mí en ese momento no me dio miedo, era mi esposo
quien iba un poco espantado porque decía: “se me hace que son
esos que llegaron el día de la piratería en Santiago”. Me decía “tú di
la verdad, lo que es y lo que tú viste. No digas otra cosa que no sean
verdades”. Entonces, por decir la verdad me llevaron 3 años y dos
meses a la cárcel, por decir la verdad. Así fue. Yo nunca pensé que
iba a estar 3 años, pensé que, si yo ni vendía ni estaba allí, ¿por qué
voy a estar?
Tuvimos una semana inicial con rejas abiertas, cuando uno nunca
conoce cómo es la cárcel: todo abierto y un frío que hacía ese día...
Estaba lloviznando. Y nos dice la custodia: “agarre una cobija cada
quien, nomás una”. Y ese lugar donde íbamos a dormir era una piedra
sin nada y con mucho frío. Yo lloré en ese momento, porque pensé:
“¿pues yo qué hice para estar en este lugar?”. Y pensé: “siempre se
habla del infierno y yo creo que en el infierno estoy ahorita en este
momento”; eso es lo que pensé, porque hacía mucho frío y yo no hice
nada.
Pero todavía, otro de los días que estuve allí, estuve contenta, porque
mi familia estaba luchando para que yo saliera fuera. Y ya cuando
me pasan a población me dicen las compañeras: “¿Por qué estás
aquí? Te vimos en la tele que vienes por secuestro. Pero eso nadie
te va a creer, ni nosotras que estamos aquí”. Me dijeron: “no tengas
miedo. Si tú dices la verdad, la luz del día algún día va a salir”. Yo
creo que en este momento lo estamos viendo, pero no por ello estoy
contenta, estaría yo contenta el día que se acabe la injusticia, estaría
contenta cuando seamos respetados como indígenas. Y mientras
que no, no estoy contenta.
Gracias a las compañeras que me apoyaron allá, que me decían “no
llores”, porque yo lloraba día y noche acordándome de mis hijos que
dejé en la primaria, que dejé en la secundaria y en bachilleres. Y en
su graduación no estuve, en ninguna de las tres. Eso es un dolor muy
grande cuando tienes hijos, cuando tienes familia y estás unida a ella.
En ese momento uno sufre mucho porque, si llega la familia a
visitarte, van llorando y salen con tristeza. Y gracias a Dios que la
directora, la contadora que estaba, era bien buena gente, y dijo:
“cuando llegue su familia, quiero que ustedes estén bañadas, que
estén arregladas. Recíbanlos con sonrisas y no llorando”. En ese
momento yo me ponía fuerte para no llorar y que me vieran bien. Y
ellos igual, salían bien y yo me quedaba llorando. En ese momento
entraba en la celda donde estaba y lloraba porque veía a mi familia.
Una vez, uno de mis nietos no se quería ir, se quería quedar conmigo.
Yo digo que seamos escuchadas y que se respete nuestro derecho
como indígenas, nada más. Que nos hablen y que nos digan:
“tenemos mucho apoyo para los pueblos indígenas”. A mí, aunque
no me den apoyo, aunque no me den un peso, con tal de que se haga
justicia con todo lo que hay en este momento, porque ahorita yo ya
la viví y me duele mucho escuchar a otras personas y verlo en otras
personas. Me duele porque me hace revivir y me hace recordar todas
las cosas que me pasaron a mí y a mi familia. Y, por ejemplo, como
dijo mi hija, mi hijo que falleció a los 5 meses y los 3 años de que me
quitaron de libertad, eso no se puede regresar. Nunca se puede
recuperar.
Yo le pediría en éste momento, a quien nos esté escuchando, como
el presidente de derechos humanos… porque recurrimos con mi
familia a diputados, a senadores, a gobernadores y decían que no
podían hacer nada porque era un delito muy grave. Y entonces
llegaban y me decían: “ya fuimos con éste, pero no nos atendió, no
nos dijo nada”, y en ese momento me ponía a llorar. Yo lloraba
mucho, y una compañera me decía: “no llores doña Jacinta, ya sabes
que nosotras aquí te apoyamos, te ayudamos”. Y las personas que
me apoyaron son las que llevaban un delito muy grave. A veces dicen
que son los malos, pero para mí son los que fueron mejores amigos
porque me apoyaron cuando yo no sabía hablar, cuando no entendía
bien las palabras, cuando no sabía qué decir... Ellos me dijeron qué
significaban las palabras que yo no entendía. Por eso no de daba
miedo, porque yo no sabía que era un secuestro, me dio miedo
cuando ya uno me dijo: “pues quién sabe si te vas o no te vas, porque
el delito por el que te están acusando es un delito grave. Yo vengo
por homicidio y es más fácil que me vaya yo que tú”. Y en ese
momento pensé: “¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Quién me va a
ayudar? Más que pedirle a Dios que me ayudara. Mi esposo me
decía: “no llores ni tengas miedo, nosotros estamos luchando”. Y mis
compañeras me decían: “no llores, hay personas que están aquí y
salen y ya no están sus hijos. Tú sabes que tienes una familia bien
unida que te está esperando allá fuera: tus hijos, tus nietos... ellos no
te van a dejar sola”. Pero es muy difícil para quien está dentro y para
la familia que está fuera. Y me dijo mi esposo “te estamos apoyando
porque sabemos que no has hecho nada. Si hubieras hecho, yo creo
que es otra cosa”.
Y yo digo que no nada más los pueblos indígenas, indígenas y no
indígenas si no son culpables yo les pido a las autoridades que
chequen bien el expediente, que no esperen a mañana, hasta que se
muera su familia para dejarles salir; no esperen hasta que se
enfermen dentro de la cárcel para ver estos casos.
Yo, cuando llegué a la cárcel, supe que sí hay mucha gente
injustamente encarcelada; decía una compañera, discúlpenme por la
palabra, pero así lo dijo la compañera: “las cárceles se hicieron para
los pendejos, como nosotros que estamos aquí; no se hicieron para
otras personas”. Y eso me di cuenta que sí era cierto, porque ahí
conocí a personas pobres, a ninguna persona rica conocí.
Entonces les pediría que hicieran algo, que fueran a revisar los casos,
que no esperen a que se mueran sus familias. Pónganse en su lugar,
el de ellos y de nosotros; que ya sufrimos y vivimos, y es muy difícil
estar ahí y más cuando pierdes a un ser querido, un hijo, un familiar,
mamá y papá. Cuando nosotros no queremos dejar un niño, no
queremos dejar una mamá, un papá. Entonces sí, durante 3 o 4 años
te prohíben tu libertad. En este momento yo no estoy para estar
contenta sino para decirles que ojalá que otras personas sean
escuchadas y se haga justicia. Eso es lo que estamos esperando y,
al estar aquí, eso es lo que queremos que vean. Hay muchos que
está su familia esperando ahorita, pero ojalá que con esto, que es
algo importante y especial, recordemos tanto a los que salieron sin
pedirles disculpas ni perdón pero ojalá que de aquí en adelante, a
todos los que salen injustamente, les pidieran una disculpa y perdón;
yo creo que todo eso es lo que necesitamos.

CentroProdh.org.mx. Ciudad de México, 22/02/17
http://www.centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2264:jacinta-alberta-y-teresa-reciben-las-disculpas-de-la-pgr-es-una-victoria-qhasta-que-la-dignidad-se-haga-costumbreq&catid=209:front-rokstories

Para Jacinta, Alberta y Teresa, una disculpa “cosmética”
El reconocimiento de inocencia en el caso de las indígenas hñähñu Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González –presas durante tres años– y las disculpas públicas del titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, pusieron nuevamente en evidencia la incapacidad del Estado mexicano para impartir cabal justicia.
De los casos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano reparación a las víctimas, en ninguno ha cumplido de manera integral, sostiene Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México.
Y cita como ejemplos los casos de Campo Algodonero, de Rosendo Radilla, de las indígenas me’phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
¿En qué estado se encuentra el tema de la reparación integral a las víctimas por parte del gobierno en México? –se le pregunta.
–Hay que ver de dónde viene la tradición jurídica de la reparación. La reparación del daño está vinculada tradicionalmente a que un organismo internacional como la Corte Interamericana mandate al Estado realizar actos de reparación ante la violación a los derechos humanos. Una forma puede ser de índole económica, para devolver a las víctimas los gastos en que incurrieron debido a las situaciones de violación a sus derechos; una segunda, la restitución, la menos común por la dificultad que entraña que las cosas regresen al estado en que estaban antes de ser violentadas sus garantías; una tercera es de carácter moral y puede ser una disculpa pública o poner el nombre de la víctima a una calle emblemática; una cuarta son las manifestaciones o las formas que tienen que ver con la reparación física y psicológica de una persona, y la quinta es la garantía de no repetición.
La reparación tiene que comprender que los hechos no vuelvan a ocurrir: “Esto es muy importante. Tengo algunos años trabajando con víctimas y lo interesante es que todas tienen una frase común, todas piden que las cosas que vivieron no le ocurran a nadie más. Esa es la garantía de no repetición”.
La disculpa, un avance
Sostiene Reneaum: En México, las formas de reparación del daño han estado vinculadas al ámbito interamericano. La sentencia a Rosendo Radilla es un caso emblemático por la forma en que se constituyó después de una garantía de no repetición y reparación del daño. Se dio a través de una reforma constitucional que después devino en reconocer que todos los derechos humanos consagrados en las convenciones internacionales tenían un reconocimiento constitucional.
Para la representante de AI, es interesante que en el caso de las tres indígenas hñähñu que estuvieron más de tres años presas acusadas de secuestrar a seis agentes federales y de narcotráfico, por primera vez la reparación la mandató un tribunal federal, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Añade: “La disculpa pública en un acto solemne, público, por parte del titular de la PGR, Raúl Cervantes. Moralmente repara mucho a las víctimas, de alguna manera las reivindica y las reconstituye, pues es una forma de decir: ‘Yo no hice nada’… El Estado se equivocó”.
Comenta que la importancia de la reparación integral es que las formas de reparación no son aisladas. Lo adecuado es que coadyuve una con la otra, dice. “Por ejemplo, si a una persona le hacen una disculpa pública, que también le hagan una pecuniaria por el tiempo que estuvo presa y que no ganó dinero; pero también es interesante para las víctimas saber quiénes son los responsables; ponerles rostro, cara, voz, y sancionarlos”.
La representante de AI no cuenta con el número de recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana que el Estado mexicano ha incumplido. Sin embargo, menciona que cifras de la CNDH muestran que hay incumplimiento hasta en 60% de los casos. De las emitidas por la Corte Interamericana, recuerda una que fue resuelta en 2007 en materia de derechos sexuales y reproductivos y que se concluyó con un acuerdo de solución amistosa:
“Se trata del Caso Paulina N., la menor que quedó embarazada al ser víctima de violación sexual. Las autoridades de Baja California obstaculizaron la interrupción de su embarazo. En el acuerdo (con la Corte) el Estado mexicano se comprometió a poner la pastilla del día siguiente como un medicamento de la canasta básica de medicamentos. Eso aún es un pendiente porque en algunas entidades la pastilla no se vende.”
Otros casos
La directora ejecutiva de AI México refiere que la sentencia del Campo Algodonero fue muy importante, pues también marcó la comprensión de la violencia contra las mujeres. Dice que de ésta se cumplieron las partes menos complicadas –entre ellas la de legislar–, pero aún se desconoce quiénes son los responsables o cómplices de los delitos.
“El Estado suele incumplir con frecuencia la conducción del proceso penal de manera eficaz y en la parte de hacer visibles a los responsables y sancionarlos, así como la rendición de cuentas cuando hay funcionarios involucrados en un proceso de irregularidad”, afirma.
–¿Cómo califica el que se cumpla con una parte y con la otra no?
–Es más fácil cumplir con las partes “cosméticas”, como una disculpa pública, una reforma legislativa o pagarle a las víctimas. Lo pendiente es que los hechos no se repitan. México tiene la sentencia del Campo Algodonero y al día de hoy tenemos alertas de género en Jalisco, Morelos, Edomex…
–¿Ninguna víctima ha sido reparada integralmente?
–No… Las víctimas de violaciones a derechos humanos nunca se sienten del todo reparadas. La hija de Jacinta Francisca lo ilustró totalmente cuando le dijo al titular de la PGR: “No estamos contentas de estar aquí, porque el tiempo perdido nadie lo recupera”. Y así es en su caso, pues un hijo de Jacinta murió al par de días de que ella quedó en libertad.
El caso de Jacinta, Alberta y Teresa, detenidas el 26 de marzo de 2006, fue atraído por la SCJN en 2010, después de que un juez les ratificó la sentencia de 21 años de cárcel. Meses antes, en septiembre de 2009, Jacinta quedó en libertad “no por ser inocente, sino porque no encontraron pruebas para inculparla”, argumentó la PGR.
Olga Sánchez Cordero, entonces ministra de la Primera Sala, comenta que ella propuso que la Corte atrajera el caso en apelación extraordinaria. Eso determinó la libertad de Alberta y Teresa.
–¿Hay otros casos tan evidentes de violaciones al proceso penal de las víctimas que la Corte pudo haber atraído en algún momento?
–En apelación extraordinaria podía haber, sí, pero nosotros revisamos en amparo directo, por ejemplo, el caso del acusado de los homicidios de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez. Le decretamos la libertad, pero ya había pasado todas las instancias judiciales. Entonces, sí hay asuntos que la Corte ha atraído en amparo, no en apelación.
Acerca de si hay asuntos graves que pueda atraer la SCJN en apelación extraordinaria en este momento, Sánchez Cordero explica: “Integré la Primera Sala durante 21 años. Le puedo decir que la Corte no atrae apelaciones porque les resta instancia a los justiciables. Por los candados que hay en la propia Constitución, los casos que la Corte vea tienen que ser extraordinarios.
–¿En el caso del Campo Algodonero la Corte pudo atraerlo?
–No, porque ahí lo que se reclamó ante la Corte Interamericana es la falta de investigación de la PGR. Estos casos no llegan ni siquiera a tribunales; se quedan en la instancia de las procuradurías, que no investigan.
Habla también de la ciudadana francesa Florence Cassez, quien también agotó todas las instancias: “Nosotros resolvimos sobre un amparo directo en revisión, como una especie de cuarta instancia. Hubo violaciones flagrantes al debido proceso”.
Otro caso es el de Sebastiana, una indígena chiapaneca a quien se le decretó la libertad desde la Corte por falta de atención al debido proceso. Las de Rosendo Radilla, Atenco y Tlatlaya son investigaciones que aún están en la PGR.
–Uno de los objetivos de la reparación es la garantía de no repetición. ¿Por qué el Estado mexicano repite los mismos hechos? –se le pregunta a Sánchez Cordero.
–Ocurre en una responsabilidad internacional, o sea si el Estado mexicano tiene una actuación de repetición, la consecuencia sería esa.
–¿Por qué el Estado insiste en repetir los mismos hechos?
–En el caso de Jacinta, la disculpa pública es parte del reconocimiento del Estado mexicano de los errores judiciales y de los errores en que incurrió y de la no repetición; eso es clave. Por eso es trascendente este reconocimiento de inocencia y esta disculpa pública. (El Estado) está obligado a no repetir este tipo de acusaciones que no tienen sustento.
–Si no hay castigo para los culpables, ¿no hay una reparación completa?
–Después de esta disculpa pública y de este reconocimiento de inocencia, cuando menos tendrían que investigar a los agentes que denunciaron. Este es mi punto de vista: que se tiene que seguir la investigación sobre esto, darle vista al Ministerio Público para que continúe con las atribuciones, facultades y competencia que le son asignadas por la Constitución.
En el caso de Jacinta, Teresa y Alberta la reparación no llegó hasta conocer y sancionar a los responsables. De acuerdo con la oficina de Comunicación Social del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el organismo no gubernamental que llevó su defensa, eso no formó parte del reclamo.
Patricia Dávila. Ciudad de México, 27/02/17 
http://www.proceso.com.mx/475933/jacinta-alberta-teresa-una-disculpa-cosmetica 

1500. Recensión del Libro: Cultura de Paz y Mediación de José Benito Pérez Sauceda


José Zaragoza Huerta e Idalia Patricia Espinosa Leal
No se puede iniciar comentando una publicación sin conocer el perfil de su artífice. José Benito Pérez Sauceda ha sido un docente y, posterior investigador, serio y honesto, en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, lo que le ha merecido obtener el grado de doctor y la publicación de su tesis en Argentina en una de las editoriales de más alto prestigio.

La calidad de sus investigaciones y su producción académica le han valido para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores como miembro en el nivel 1.
La obra que presentamos, es claro ejemplo de su impronta intelectual toda vez de manera supina aborda temas controvertidos, incluso desconocidos por algunos sectores incluso de la academia.
Introduciéndonos al tema que nos ocupa, diremos que la Paz en la actualidad, es uno de los temas álgidos en la sociedad. Realmente, ésta demanda nuevos paradigmas de construcción Estatal y social; para ello se requieren estudios multi, trans e inter disciplinarios que incidan en acciones conjuntas para su consecución. Sin duda, esto es un gran reto.
Antes de comentar la estructura del trabajo, entendemos que el primer escollo que salva el profesor Benito Pérez Sauceda se presenta cuando acomete esta temática, al establecer la definición única de Cultura de Paz, toda vez que se corre el riesgo de confundir al lector, máxime si tenemos claro que en México se alude a una multiculturalidad así como a la globalización que permea a todo este contenido social.
Para el éxito de su obra, el autor, con lujo de cientificidad (sustentándose en autores referentes y de vanguardia doctrinal), distanciándose de comentarios subjetivos, aportar ideas claras que permiten al lector comprender este fenómeno social, su complejidad, importancia y obstáculos que habrá que supera si realmente se desea una vida en armonía.
Profundizando en la obra, diremos que esta se estructurada en dos capítulos. En el primero, se desarrolla, la multicitada Cultura de Paz, para posteriormente, en el capítulo segundo, abordar dos ejes nucleares que fortalecen dicha cultura como son: La mediación y la solución de conflictos.
Y es que precisamente, el conflicto en esta nueva visón paradigmática no debe ser visto como algo negativo, pues es normal su presencia entre los individuos; por el contrario, debe ser analizado desde una óptica positiva, constructiva, es decir, buscar opciones donde el diálogo se erija como vía óptima y pacificadora del mismo.

Así pues, en el primer capítulo, se profundiza en la paz, desatancándose que ésta es un tema que poco preocupa o mejor dicho ocupa a los países. Aquí, otro aporte de Pérez Sauceda, al apuntar la necesaria implementación de políticas públicas sobre la misma. Si retomamos la idea primaria del autor: “La Paz implica una Cultura de la No Violencia y prevención de los conflictos, del Diálogo y la Negociación, de formas de gobierno que garanticen el pleno ejercicio de todos los derechos de los ciudadanos y de individuos socialmente responsables y participativos que se activen plenamente en el proceso de desarrollo de su sociedad”; lo que representa una nueva participación de individuos, operadores y procesos resolutivos de controversias en los cuales, la mente y corazón remuevan el estado de las cosas, exigiéndose además, nuevas competencias y manos más decididas, activas así como fraternas.
Respecto del capítulo segundo, diremos que se estudian diversos mecanismos de solución de conflictos, los cuales ostentan sus rasgos de identidad que, sin embargo, se orientan a la respuesta del conflicto de manera humanizada con mejores resultados para las partes que intervienen.
Nosotros entendemos que el principal aporte del doctor Pérez Sauceda es, sin lugar a dudas, su apuesta por la educación para la Paz, que se constituye en una iniciación del ser, cuyo camino evolutivo lo llevará a la madurez, que le permitirá entender y comprender su inevitable rol como elemento transformador de sí mismo y de la realidad social. Lo hará dueño de su destino, pero también comprometido participante en la búsqueda del bienestar social y planetario.
José Zaragoza Huerta. Doctor en Derecho, Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España. Docente e Investigador de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Coordinador de investigación del CITEJyC, FACDyC, UANL. Miembro del Cuerpo Académico Derecho Comparado. Profesor con perfil PRODEP y miembro del SIN (1). Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.
Idalia Patricia Espinosa Leal. Doctora Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Maestra en Ciencias Fiscales, Facultad de Derecho y Criminología, Universidad Autónoma de Nuevo León. Profesora Asistente del Departamento de Español en Hankuk University of Foreign Studies (Corea del Sur). Dirección Postal: Faculty Building No. 816, Hankuk University of Foreign Studies, 107 Imun-ro, Dongdaemun-gu, P.C. 02450, Seoul, South Korea. Correo electrónico: espinosayoo@gmail.com.

1499. Informe Mundial 2017 de HRW: El populismo amenaza los Derechos Humanos

Trump y demagogos europeos predican la intolerancia y la discriminación
El auge de líderes populistas en Estados Unidos y Europa supone una grave amenaza para las garantías de derechos básicos, y favorece los abusos por parte de autócratas en todo el mundo, señaló hoy Human Rights Watch en ocasión del lanzamiento de su Informe Mundial 2017. La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos luego de una campaña que fomentó el odio y la intolerancia, y la creciente influencia de partidos políticos que rechazan los derechos universales en Europa, han puesto en jaque el sistema de derechos humanos de posguerra.
A su vez, líderes autocráticos en Rusia, Turquía, Filipinas y China han impuesto su propia autoridad, en vez de un gobierno donde prevalezcan la rendición de cuentas y el estado de derecho como garantía de prosperidad y seguridad. Estas tendencias convergentes, acentuadas por maniobras de propaganda que menosprecian los estándares legales y repudian los análisis reales, son un desafío frontal a las leyes e instituciones que promueven la dignidad, la tolerancia y la igualdad, señaló Human Rights Watch.
En la 27.a edición del Informe Mundial, de 687 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 90 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth escribe sobre cómo una nueva generación de populistas autoritarios pretende barrer con el concepto de garantías de derechos humanos, y trata a los derechos no como un límite esencial al poder oficial, sino como un obstáculo a la voluntad de la mayoría.
“El ascenso del populismo supone una profunda amenaza para los derechos humanos”, manifestó Roth. “Trump y varios políticos en Europa intentan llegar al poder apelando al racismo, la xenofobia, la misoginia y el nativismo. Todos ellos pretenden que el público acepte violaciones de derechos humanos, argumentando que supuestamente son necesarias para asegurar empleos, evitar cambios culturales o prevenir ataques terroristas. En realidad, el desprecio por los derechos humanos brinda al camino más probable hacia la tiranía”.
Roth analizó la campaña de Trump en EE. UU. como un ejemplo patente de la política de intolerancia. Señaló que Trump respondió a quienes estaban insatisfechos con su situación económica y una sociedad cada vez más multicultural, con un discurso de rechazó a los principios básicos de dignidad e igualdad. Su campaña planteó propuestas que perjudicarían a millones de personas, incluidos planes de efectuar deportaciones masivas de inmigrantes, limitar los derechos de las mujeres y la libertad de los medios de comunicación, y aplicar torturas. A menos que Trump repudie estas propuestas, su gobierno se arriesga a cometer violaciones masivas de derechos humanos en EE. UU., y se expone a desligarse de la tradicional creencia bipartidista y de una agenda de política exterior que respete los derechos, aun cuando su aplicación en la práctica haya sido imperfecta.
En Europa, un populismo similar intentó culpar del fracaso económica a la inmigración. La campaña a favor del Brexit fue tal vez el ejemplo más claro, apuntó Roth.
En vez de culpabilizar irracionalmente a quienes huyen de contextos de persecución, tortura y guerra, los gobiernos deberían invertir para ayudar a las comunidades de inmigrantes a integrarse y participar plenamente en la sociedad, indicó Roth. Los funcionarios públicos también tienen la obligación de rechazar el odio y la intolerancia de los populistas, y a la vez apoyar a los tribunales independientes e imparciales, como salvaguarda frente a la persecución de minorías vulnerables, opinó Roth.
No obstante, las pasiones del momento impulsadas por populistas tienden a oscurecer los peligros a más largo plazo que se ciernen sobre las sociedades gobernadas por líderes autoritarios, advirtió Roth. En Rusia, Vladimir Putin respondió al descontento popular en 2011 con una agenda represiva, incluidas restricciones draconianas a la libertad de expresión y de reunión, sanciones sin precedentes al disenso en línea y leyes que restringen severamente a organizaciones independientes. El líder chino Xi Jinping, alarmado ante la desaceleración del crecimiento económico, ha puesto en marcha uno de los operativos de represión del disenso más enérgicos desde la era Tiananmén.
En Siria, el presidente Bashar al-Asad, con respaldo de Rusia, Irán y Hezbollah, ha perfeccionado una estrategia que reviste la gravedad de crimen de guerra y que consiste en atacar a civiles en zonas controladas por la oposición, violando así los requisitos más fundamentales del derecho de guerra. Las fuerzas del autoproclamado Estado Islámico, también conocido como ISIS, han atacado sistemáticamente a civiles y ejecutado a personas bajo custodia, a la vez que fomentaron y llevaron a cabo ataques contra la población civil en distintas regiones del mundo.
Más de 5 millones de sirios que huyen del conflicto han enfrentado obstáculos colosales para encontrar seguridad. Jordania, Turquía y el Líbano albergan a millones de refugiados sirios, pero en gran medida han cerrado sus fronteras a nuevas llegadas. Los líderes de la Unión Europea no han repartido de manera justa la responsabilidad por los solicitantes de asilo ni han creado rutas seguras para los refugiados. A pesar de los años de liderazgo estadounidense en el reasentamiento de refugiados, EE. UU. reubicó solamente a 12.000 refugiados sirios el último año, y Trump ha amenazado con la posibilidad de concluir el programa.
En África, una cantidad desconcertante de líderes han eliminado o ampliado los plazos —el denominado “golpe constitucional”— para permanecer en funciones, mientras que otros han recurrido a la represión violenta de manifestaciones organizadas en protesta ante elecciones injustas o gobiernos corruptos o abusivos. Varios líderes africanos, ante la posibilidad de ser llevados ante la justicia en el futuro, criticaron duramente a la Corte Penal Internacional y tres países anunciaron su retiro.
Esta embestida global debe ser contrarrestada con una reivindicación y una defensa enérgicas de los valores de derechos humanos que dan sustento al sistema, manifestó Roth. Aun así, muchos funcionarios públicos parecen estar escondidos, a la espera de que se disipen los vientos del populismo. Otros emulan a los populistas, con la esperanza de contrarrestar su mensaje, pero en realidad no hacen más que reforzarlo, apuntó Roth. Los gobiernos claramente comprometidos con los derechos humanos deberían defender estos principios de manera mucho más decidida y sistemática, apuntó Roth, incluidas democracias en América Latina, África y Asia que apoyan propuestas amplias en las Naciones Unidas, pero pocas veces toman la iniciativa para responder a países en crisis.
En última instancia, la responsabilidad corresponde al público, sostuvo Roth. Los demagogos consiguen apoyo popular tejiendo explicaciones falsas y ofreciendo soluciones mediocres a problemas genuinos. El antídoto es que los votantes exijan una política basada en la verdad y en los valores sobre los cuales se construye una democracia con respeto por los derechos. Una fuerte reacción popular, que utilice todos los medios disponibles —organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, medios de comunicación tradicionales y medios sociales— es la mejor defensa de los valores que muchos todavía atesoran.
“Nos olvidamos —por nuestra cuenta y riesgo— de los demagogos del pasado: los fascistas, comunistas y otros de su clase que argumentaban conocer más que los demás qué era lo que convenía a la mayoría, pero terminaron aplastando al individuo”, recalcó Roth. “Cuando los populistas tratan los derechos como si fueran un obstáculo a su visión de lo que representa la voluntad de la mayoría, es solo cuestión de tiempo antes de que confronten a quienes no estén de acuerdo con su agenda”.
Hrw.org. Washington, DC, 12/01/17
https://www.hrw.org/es/news/2017/01/12/informe-mundial-2017-el-populismo-amenaza-los-derechos-humanos

México
Eventos de 2016
Durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en reiteradas y graves violaciones de derechos humanos —incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas— en el marco de acciones contra el crimen organizado. El gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el ex Presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició la “guerra contra el narcotráfico” en México.
En abril, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado mediante un acuerdo entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió su informe definitivo sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, estado de Guerrero. El informe documentó gravísimas falencias en la investigación del caso, refutó las principales conclusiones de la Procuraduría General de la República e instó a las autoridades a iniciar nuevas líneas de investigación. Entre otros problemas que persisten en México se incluyen los ataques a periodistas y el acceso limitado a derechos reproductivos y atención de la salud.
Desapariciones forzadas
Desde 2006, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada.
En agosto de 2016, el gobierno informó que aún se desconocía el paradero de más de 27.000 personas informadas como extraviadas desde 2006. Es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no tomen medidas de investigación básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadas, y a menudo indican a los familiares de las personas ausentes que deben investigar por su cuenta. Las autoridades no han identificado restos o partes de cuerpos humanos hallados en distintos sitios del país, incluyendo en fosas clandestinas.
El gobierno federal ha impulsado dos iniciativas potencialmente prometedoras para encontrar a personas cuyo paradero se desconoce, pero estas han tenido resultados limitados. En 2013, creó una unidad dedicada a la investigación de desapariciones, que en octubre de 2015 pasó a ser una Fiscalía Especial. Sin embargo, al ser consultados en abril, miembros de esa fiscalía indicaron que habían presentado cargos en apenas cuatro de un total de 830 casos de desapariciones que habían empezado a investigar.
En 2015, el Congreso aprobó una reforma constitucional que lo habilita a sancioanr leyes generales en materia de desaparición forzada y tortura, mediante las cuales se establecería una definición única a nivel nacional para cada uno de los delitos y se facilitaría su juzgamiento en los 31 estados y México D.F. Al momento de la redacción del presente informe, el Presidente Peña Nieto había presentado los proyectos al Congreso, pero ninguno había sido promulgado.
Solamente uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela de formación docente de Ayotzinapa, que desaparecieron en 2014 y se cree que habrían sido asesinados, fue identificado entre los restos que el gobierno afirma que pertenecen a los estudiantes. Hasta julio, más de 100 personas habían sido imputadas por presunta participación en los secuestros y asesinatos, pero a la fecha de la redacción del presente informe, ninguna había sido condenada.
Ejecuciones extrajudiciales
En 2014, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señaló que en México “sigue produciéndose un número alarmante” de ejecuciones extrajudiciales por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, en un clima de impunidad “sistemática y endémica”.
En agosto de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que policías federales habían ejecutado arbitrariamente a 22 de 42 civiles que murieron en un enfrentamiento en 2015 en Tanhuato, estado de Michoacán. La CNDH concluyó que los policías mataron a 13 personas con disparos por la espalda, torturaron a dos detenidos y quemaron vivo a un hombre, y luego, para justificar las muertes, manipularon el lugar de los hechos corriendo cuerpos y colocándoles armas para incriminar a estas personas.
Cuando se preparó este documento, se encontraba en curso una investigación a nivel federal sobre los asesinatos de Tanhuato.
Abusos militares e impunidad
México ha usado activamente a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, y esto ha llevado a que militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos. Hasta julio, la CNDH había recibido casi 10.000 denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército desde 2006, incluidas más de 2.000 durante el gobierno actual. Determinó que hubo más de 100 casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares.
En 2014, el Congreso reformó el Código de Justicia Militar para establecer que los abusos cometidos contra civiles por militares debían ser juzgados en la justicia penal ordinaria en vez del sistema de justicia militar, que en el pasado en general no había asegurado que los militares implicados en abusos rindieran cuentas por sus acciones. La reforma dispuso que los abusos cometidos por militares contra otros soldados seguirían alcanzados por la justicia militar.
En mayo de 2016, a través de disposiciones incluidas un nuevo Código Militar de Procedimientos Penales y reformas al Código de Justicia Militar, se otorgaron amplias facultades a fiscales y jueces para allanar viviendas y edificios públicos e intervenir telecomunicaciones privadas sin una orden judicial emitida por la justicia penal ordinaria. En junio, la CNDH objetó la constitucionalidad de estas disposiciones, y al momento de preparación de este documento la Suprema Corte de Justicia todavía no se había pronunciado sobre esta cuestión.
Nadie ha sido condenado en el caso de Tlatlaya, donde 22 civiles murieron a manos de soldados en 2014, y según testigos y la CNDH, 12 de las víctimas fueron ejecutados extrajudicialmente. En mayo de 2016, un tribunal federal absolvió al menos a ocho soldados imputados por homicidio en Tlatlaya.
Tortura
Es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. En general, las torturas se aplican en el período entre que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este tiempo, las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales. Las tácticas más frecuentes incluyen golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y abuso sexual.
En su segundo informe sobre el caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado mediante un acuerdo entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyó que el 80 por ciento de los presuntos responsables detenidos en relación con el caso presentaban lesiones físicas probablemente causadas por maltratos y torturas.
Según la CNDH, agentes de la Procuraduría del Estado de México intentaron encubrir la participación delictiva de militares en el caso Tlatlaya torturando a testigos para obligarlas a que prestaran testimonios falsos. En julio, las autoridades indicaron que siete u ocho investigadores serían despedidos y otros 22 suspendidos —tan sólo durante un mes— por conducta indebida, pero no hubo condenados en relación con el encubrimiento.
A pesar de que la Constitución establece la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas mediante tortura, algunos jueces continúan desestimando las denuncias sobre tortura y admiten como válidas confesiones obtenidas presuntamente bajo coacción.
Sistema de justicia penal
Es habitual que el sistema de justicia penal no proporcione justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos. Esto se debe a causas que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos. La aplicación ineficaz de la ley ha contribuido al surgimiento de grupos armados de autodefensa ciudadana en numerosas regiones del país.
En 2013, México promulgó a nivel federal una Ley General de Víctimas para garantizar justicia, protección y resarcimiento a las víctimas de delitos. En noviembre de 2016, el Senado aprobó reformas a la ley que pretendían reducir la burocracia y mejorar el acceso a la asistencia y la reparación de víctimas, y las envió a la Cámara de Diputados para ser tratadas.
Libertad de expresión
Numerosos periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y agresiones. Es habitual que periodistas opten por la autocensura ante los ataques por parte de autoridades o grupos delictivos.
La PGR documentó 124 asesinatos de periodistas entre 2000 y julio de 2016. La organización no gubernamental (ONG) Article 19 documentó siete casos de periodistas asesinados entre enero y junio de 2016.
Hasta abril de 2016, 509 personas habían solicitado protección prevista en una ley de 2012 que protege a defensores de derechos humanos y periodistas. El otorgamiento de medidas de protección ha sido lento o, en algunos casos, insuficiente. Al momento de preparación de este informe, las autoridades aún no habían formulado cargos contra ningún presunto responsable de amenazas o ataques.
Las autoridades en general no investigan adecuadamente los delitos contra periodistas, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión. La CNDH informó en 2016 que el 90 por ciento de los delitos contra periodistas en México quedan impunes, y esto incluye al 82 por ciento de los asesinatos y el 100 por ciento de las desapariciones. La Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, creada en 2006, hasta abril de 2016 había iniciado 790 investigaciones preliminares, concluido 633 y presentado cargos en 93, que en ningún caso se relacionaban con desapariciones u homicidios.
Niños y niñas migrantes no acompañados
Las autoridades migratorias mexicanas interceptaron a más de 20.000 niños y niñas no acompañados procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras en 2015, y a más de 14.000 en los primeros diez meses de 2016, y detuvieron a la gran mayoría. Muchos huían de contextos de persecución y violencia, e incluso la mitad podría haber tenido motivos válidos para solicitar asilo, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Sin embargo, la oficina para los refugiados del gobierno de México, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), otorgó protección internacional a tan sólo 57 niños y niñas no acompañados que provenían de estos países en 2015 y a 96 en los primeros 10 meses de 2016, es decir, menos del 1 por ciento del total de menores no acompañados interceptados en esos períodos. La discrepancia entre la gran cantidad de niños y niñas no acompañados con casos plausibles y el número sumamente reducido de aquellos que solicitan y reciben asilo se debe, en parte, a que muchos agentes de inmigración no están debidamente preparados ni tienen la predisposición para evaluar las necesidades de protección de niños y niñas y, en cambio, centran sus esfuerzos en su detención y deportación.
En octubre, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que México fortalecería sus procedimientos de reconocimiento de refugiados e “impulsar[ía] alternativas para evitar la detención administrativa de los solicitantes de refugio, en particular de niñas y niños”. Estos cambios no habían sido implementados al momento de la redacción del presente documento.
Derechos de mujeres y niñas
El derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual. Algunas disposiciones, como aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la “castidad” de la víctima, contravienen los estándares internacionales.
En 18 estados se han promulgado leyes que reconocen el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Si bien la Suprema Corte resolvió en 2010 que todos los estados deben ofrecer métodos anticonceptivos de emergencia y asegurar el acceso al aborto a víctimas de violación, numerosas mujeres y niñas enfrentan graves obstáculos —incluida intimidación por parte de autoridades— al intentar someterse a abortos tras sufrir hechos de violencia sexual.
Orientación sexual e identidad de género
El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en México D.F. desde 2010. Desde entonces, ha sido legalizado en nueve estados. En 2015, la Suprema Corte sentó las bases para el reconocimiento de este derecho en todos los estados, al disponer que la definición de matrimonio como la unión exclusivamente entre un hombre y una mujer es discriminatoria y viola la Constitución mexicana.
En mayo de 2016, el Presidente Peña Nieto presentó un proyecto legislativo para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, eliminar la orientación sexual y la identidad de género de los obstáculos a la adopción, y reconocer la identidad de género a través de nuevas partidas de nacimiento, sin la intervención de un médico. En noviembre, dos comisiones de la Cámara de Diputados votaron en contra de la iniciativa.
Cuidados paliativos
La ausencia de cuidados paliativos causa un sufrimiento innecesario a numerosos mexicanos con enfermedades graves. En 2016, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud agregó los cuidados paliativos a los servicios de salud cubiertos por el Seguro Popular, un seguro de salud pública que brinda cobertura a más de 55 millones de personas. A fines de 2016, más de 2.000 médicos estaban usando el nuevo sistema, que comenzó a mediados de 2015, para recetar analgésicos fuertes. A pesar de estos logros, aún subsisten obstáculos, como la escasez de establecimientos que ofrecen cuidados paliativos en muchos estados.
Derechos de discapacidad
En un informe de 2014, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad comprobó que, a pesar de las nuevas leyes y programas que protegían los derechos de las personas con discapacidad, seguía habiendo graves falencias, como por ejemplo en materia de acceso a la justicia, situación legal y derecho a votar; accesibilidad de edificios, transporte y espacios públicos; violencia contra la mujer; y educación.
En 2015, Disability Rights International informó que las mujeres mexicanas con discapacidad psicosocial tenían un alto riesgo de que se les negaran derechos reproductivos; que a veces en clínicas estatales de México D.F. se presiona a estas mujeres para que se sometan a esterilizaciones o aborto si están embarazadas; y que en los establecimientos para personas con discapacidad que funcionan en la capital del país con fondos gubernamentales las condiciones eran inhumanas, incluido el caso de una institución donde se encerraba a menores en jaulas.
Actores internacionales clave
En marzo, la CIDH publicó un informe donde se documentaron una amplia gama de abusos en México, como desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura e inseguridad que afecta a mujeres, niños, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas. La CIDH consideró que estos hechos tenían la proporción de una “crisis de graves violaciones de derechos humanos”. El gobierno criticó el informe, y respondió que en México no había una “crisis de derechos humanos”. Más tarde ese mes, las autoridades mexicanas negaron autorización al Relator Especial de la ONU sobre la tortura para regresar al país antes del término de su mandato. En 2015, habían rechazado su conclusión de que la tortura era una práctica generalizada y lo acusaron de actuar de manera “poco ética”.
En abril, los relatores especiales de la ONU sobre derechos humanos, libertad de expresión y libertad de reunión y asociación manifestaron preocupación por una campaña deliberada en los medios mexicanos, por medio de la cual se acusaba a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil de incurrir en fraude, corrupción y favorcer la impunidad al realizar denuncias —que calificaron de falsas—de que se torturaba a personas detenidas. Instaron al gobierno a garantizar “un ambiente seguro” en el cual tales personas y organizaciones pudieran actuar en forma “libre de cualquier tipo de acoso”.
En octubre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos formuló 14 recomendaciones a México sobre la necesidad de abordar la impunidad de violaciones de derechos humanos, adoptar leyes que regulen el uso de la fuerza y terminar con la tortura y las desapariciones forzadas, como así también establecer una institución forense independiente a la cual se dote de recursos suficientes. En mayo, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias difundió un informe sobre México, en el cual identificó la persistencia de violaciones graves, como ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad, impunidad y falta de resarcimiento a víctimas. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ha emitido decenas de pedidos de acciones urgentes en casos de México desde 2012.
En septiembre, la CIDH remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de 11 mujeres detenidas durante una protesta de floricultores en el Estado de México en 2006, mientras era gobernador el Presidente Peña Nieto. La comisión calificó su detención de “ilegal y arbitraria” y “consideró acreditad[o]” que agentes estatales sometieron a las mujeres a tortura física y psicológica y violaron sexualmente a siete de ellas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos programó la audiencia del caso para 2017.
Desde 2007, Estados Unidos ha destinado más de USD 2.000 millones a través de la Iniciativa Mérida para contribuir a la lucha contra la delincuencia organizada en México. En 2015, el Secretario de Estado de los Estados Unidos retuvo USD 5 millones de los fondos de asistencia para seguridad, afirmando que el Departamento de Estado no podía confirmar que México hubiera cumplido con los requisitos de derechos humanos establecidos en el acuerdo. Sin embargo, en septiembre de 2016, certificó que México había conseguido avances suficientes que justificaban que recibiera el monto total de la asistencia de Mérida, de aproximadamente USD 155 millones.
Hrw.org. 12/01/17
https://www.hrw.org/es/world-report/2017/country-chapters/298379

Informe Mundial 2017: El populismo amenaza los derechos humanos

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